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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, que recoge medidas urgentes de prevención y contención frente a la crisis sanitaria de la COVID-19. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Regula el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística, que concede préstamos a empresas turísticas para proyectos que mejoren la competitividad del sector, en especial los de digitalización de destinos turísticos e innovación y modernización de servicios. Se dicta en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2021, de medidas urgentes en materia de energía. La norma busca proteger a los consumidores y dar transparencia a los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural.

Fija los plazos y procedimientos para cerrar el ejercicio presupuestario de 2021 en el gasto del Estado y en las operaciones no presupuestarias. Concreta fechas para tramitar modificaciones de crédito, fiscalizar expedientes, contabilizar operaciones y ordenar y realizar pagos.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz en 2021. Las cuantías se asignan por tramos según la población del municipio. Se aplica solo a ayuntamientos de cinco comunidades autónomas.

Establece medidas urgentes para proteger a los consumidores frente a la subida de precios de la electricidad y el gas natural. Aumenta los descuentos del bono social eléctrico y mejora el bono social térmico, y refuerza la transparencia y supervisión en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas.

Fija cómo se reparten 13.486 millones de euros entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, una dotación adicional prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. También indica la partida presupuestaria y el procedimiento para pagar esos fondos.

Establece el procedimiento para que las entidades promotoras de parques científicos y tecnológicos con dificultades financieras pidan refinanciar cuotas de préstamos del Ministerio de Ciencia e Innovación con vencimiento en 2021 o anteriores. Regula requisitos, condiciones, garantías y concesión.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, las comisiones que participan y los plazos y documentos necesarios para tramitar el anteproyecto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de las Illes Balears contra la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Establece el marco para que España reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y avance hacia una economía descarbonizada. Fija objetivos, planificación (Planes Nacionales de Energía y Clima y Estrategia a 2050) y medidas en energía, movilidad, adaptación, transición justa, finanzas, educación e investigación.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 66 y la disposición derogatoria primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 36/2020, que aprueba medidas urgentes para modernizar la Administración Pública y ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece medidas para modernizar la Administración Pública y gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza, instrumentos de gestión y normas para agilizar convenios, subvenciones y contratos vinculados a esos fondos.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según el número de habitantes del municipio. Se aplica a los ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.