Buscar en el BOE

Establece los precios públicos que se cobrarán por las actividades del Centro Nacional de Certificación de Productos Sanitarios, como actuar como organismo notificado y certificar sistemas de calidad. Sustituye las tasas que se cobraban hasta ahora por estas actuaciones por precios públicos.

Actualiza en 2022 el sistema de precios de referencia de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Establece nuevos conjuntos de referencia y sus precios, revisa los precios de conjuntos ya existentes y suprime los que dejan de cumplir los requisitos.

Fija los valores de la retribución a la operación para el segundo semestre de 2021 de determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica con fuentes renovables, cogeneración y residuos. También regula la liquidación del régimen retributivo específico y deroga normas anteriores.

Establece los parámetros retributivos aplicables a instalaciones de producción de energía eléctrica renovable, cogeneración y residuos entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019. También revisa la retribución a la operación de esas instalaciones para el primer semestre de 2019.

Fija los cargos del sistema gasista y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos de gas natural para el año de gas 2023. También determina la retribución de las distribuidoras de gas manufacturado en territorios insulares y del operador del mercado organizado de gas.

La orden fija los precios públicos por servicios académicos y otros servicios de la UNED para el curso 2022-2023. Los precios se calculan por crédito ECTS y varían según el tipo de enseñanza, el grupo de clasificación y la vez de matrícula.

Fija el 14 de junio de 2022 como fecha de inicio del mecanismo de ajuste de costes de producción para reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista. También da publicidad a la autorización de la Comisión Europea para ese mecanismo.

Fija las cuotas que deben pagar los alumnos de los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia por servicios, enseñanzas y actividades complementarias durante el curso 2022/23. También regula el pago, el impago y las posibles devoluciones.

Fija los precios públicos que deben pagar los alumnos de nacionalidad no española en los centros docentes del Estado español en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia durante el curso 2022/23, y regula su forma de pago.

Fija los precios de los cargos del sistema eléctrico que se aplican desde el 1 de enero de 2022 y actualiza otros costes regulados del sistema eléctrico para ese año. También actualiza los pagos por capacidad y los segmentos tarifarios para la recarga de vehículos eléctricos.

Aprueba las tablas de precios medios de venta de vehículos y embarcaciones que la Administración puede usar para calcular el valor de estos bienes en tres impuestos: Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Incluye por primera vez autocaravanas y motos náuticas.

Actualiza en 2021 el sistema de precios de referencia de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Establece nuevos conjuntos de referencia y sus precios, revisa los precios de conjuntos ya existentes y suprime los que dejan de cumplir los requisitos.

Fija en 80 euros la tasa por tramitar las solicitudes de visado de tránsito aeroportuario (tipo A), corta duración (tipo C), expedidos en frontera y nacionales de larga duración (tipo D). Deroga la orden anterior de 2006 y adapta la normativa española al Código de visados de la Unión Europea.

Fija en 0,9 el factor de minoración que se aplica al calcular el valor de referencia de los inmuebles urbanos y rústicos. Este valor lo determina la Dirección General del Catastro a partir de los precios de compraventas reales y no puede superar el valor de mercado.

Establece cómo calcular y refacturar los suplementos territoriales de los peajes de acceso a la red eléctrica del año 2013, tras varias sentencias del Tribunal Supremo. Fija el ámbito de aplicación, la información que deben enviar las comunidades autónomas y la metodología para determinar los costes.