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La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2022. Modifica tributos propios y cedidos, como las tasas, el impuesto sobre viviendas vacías y el de residuos, y cambia normas en materias como turismo, servicios sociales, vivienda, sanidad, educación y agricultura.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2022 en La Rioja. Modifica impuestos cedidos y tasas propias, y cambia normas sobre educación, carreteras, policía local, viñedo, función pública, urbanismo, servicios sociales y movilidad sostenible.

Establece un régimen especial para conceder subvenciones y ayudas en materia de vivienda en las Illes Balears, con bases reguladoras y reglas de gestión propias. También modifica varias normas de vivienda, como la Ley 5/2018, para agilizar trámites y regular el derecho de retracto en transmisiones entre grandes tenedores.

Prorroga varias medidas económicas aprobadas durante la pandemia para apoyar a empresas y autónomos. Extiende el plazo de ayudas a la liquidez y la solvencia, excluye las pérdidas de 2020 y 2021 como causa de disolución y amplía la moratoria para declarar concurso. También fija reglas sobre inversiones extranjeras y medidas en el suministro de gas.

Modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para crear nuevas infracciones y sanciones en el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y para luchar contra la morosidad en el transporte de mercancías por carretera. También cambia otras normas sobre gestión del transporte y las infraestructuras.

Establece medidas urgentes para reducir el efecto de la subida del precio del gas natural en la factura de la luz y el gas. Crea un suministro mínimo vital, ajusta impuestos energéticos y aplica un mecanismo que limita los ingresos extra de las eléctricas por el gas caro.

Modifica la Ley de Salud Pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a la COVID-19. Incluye una disposición que limita los precios y tarifas de las pruebas diagnósticas.

Fija los precios públicos de los servicios académicos de la UNED para el curso 2021-2022: grado, máster, doctorado y pruebas de acceso a la universidad. También fija precios de otros servicios y regula exenciones y bonificaciones.

Establece medidas urgentes sobre la fiscalidad de la energía y la generación eléctrica. Modifica el IVA aplicable a entregas de energía, la base imponible del impuesto sobre la producción de electricidad y revisa parámetros retributivos de instalaciones renovables. También regula el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua.

Prorroga para el curso 2021-2022 los precios máximos de las matrículas universitarias fijados para el curso 2020-2021. Afecta a segundas y sucesivas matrículas de Grado, a másteres no habilitantes y a estudiantes de países fuera de la Unión Europea.

Establece que el precio de la primera matrícula de los másteres habilitantes y vinculados en universidades públicas se iguale al precio medio de la primera matrícula de grado de cada comunidad autónoma. La equiparación debe estar lograda en el curso 2022-2023.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

Fija los precios por crédito de los másteres universitarios y estudios de doctorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para el curso 2020-2021. Los importes varían según el máster, el número de matrícula y, en algunos casos, si el estudiante es extranjero no residente en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Establece medidas urgentes ante la crisis del sector agrario, con normas sobre las relaciones entre proveedores y compradores de productos agrícolas y alimentarios.

Modifica la Orden de 1991 sobre precios públicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Excluye del pago previo las solicitudes de ensayo de equipos de protección individual que hagan las autoridades sanitarias y de vigilancia del mercado, y da prioridad a los servicios solicitados por las administraciones públicas durante la crisis sanitaria de la COVID-19.

Fija los precios públicos que cobra ANECA por los servicios de formación, evaluación y certificación de los programas AUDIT y AUDIT Internacional, dirigidos a centros de educación superior. Estos servicios son voluntarios y se prestan a las universidades e instituciones que los soliciten.

Autoriza a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a fijar los precios de los servicios académicos de sus títulos y diplomas no oficiales para 2020, con tarifas adaptadas al COVID-19 y a la modalidad online.

Fija los precios públicos de los servicios académicos y otros servicios de la UNED para el curso 2020-2021. Ordena las enseñanzas en Grado, Máster, Doctorado y cursos de acceso, y calcula el importe según los créditos ECTS y el número de matrícula. También regula bonificaciones y precios para estudiantes extranjeros no residentes.