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Regula cómo se asignan las ayudas públicas (régimen retributivo específico) a instalaciones de cogeneración de alta eficiencia mediante subastas. Fija el procedimiento, las ofertas, las garantías y la inscripción en el registro, y establece un calendario de subastas.

Crea el Sello de gestión transparente del agua y regula cómo se solicita, se concede, se controla, se renueva y se revoca. Distingue a los concesionarios de agua que envían información periódica a una plataforma y cumplen requisitos de gestión transparente. También prevé un sello de gestión transparente y sostenible.

Establece qué sustancias y objetos obtenidos en un proceso de producción se consideran subproductos y no residuos, conforme a la Ley 7/2022. Fija los requisitos que deben cumplirse, las obligaciones de productores y usuarios, el control de las comunidades autónomas y el traslado dentro de la Unión Europea.

Fija para 2026 el objetivo de ahorro energético del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, la obligación de ahorro de cada empresa obligada y la equivalencia financiera para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Parte de la obligación se puede cumplir con Certificados de Ahorro Energético, con una aportación económica mínima al Fondo.

Establece los criterios técnicos para decidir cuándo un vertedero clausurado deja de suponer un riesgo significativo para el medio ambiente. Regula cómo se evalúan los resultados del programa de vigilancia posterior al cierre y cuándo puede darse por finalizado.

Propone incluir cinco espacios marinos protegidos en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000 y declara una Zona de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas. Establece medidas de conservación y un régimen de protección para estos espacios.

Crea la Oficina Técnica de Desertificación dentro de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Esta oficina se encarga de coordinar y apoyar las actuaciones contra la desertificación previstas en la Estrategia Nacional y su plan de acción.

Actualiza la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y la aprueba como Programa de Acción Nacional contra la Desertificación previsto en la Ley de Montes. También aprueba su Plan de Implementación para el periodo 2025-2027 y deja sin efecto la Orden ARM/2444/2008.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2025 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de combustibles) su cuota de ahorro. Establece cuánto deben aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y permite cubrir parte de la obligación con Certificados de Ahorro Energético.

Modifica los anexos I y III del Real Decreto 818/2018 para adaptar la forma de presentar los informes sobre proyecciones de emisiones de contaminantes atmosféricos. El cambio ajusta el nivel de detalle de esas proyecciones a las nuevas directrices del Convenio CLRTAP y a la Directiva Delegada (UE) 2024/299.

Establece orientaciones de política energética para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la modificación de la metodología que fija la tasa de retribución financiera de las redes de electricidad y gas. La CNMC debe tener en cuenta estas orientaciones al tramitar la nueva circular.

Desarrolla la plataforma electrónica de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y la oficina de asignación de recogidas de estos residuos. Regula sus funciones, el acceso de los operadores, el funcionamiento, la financiación, el etiquetado electrónico y la trazabilidad, así como el proceso de asignación de recogidas.

Establece las tarifas que se cobran en el área española del Registro de Derechos de Emisión de la Unión Europea, creado por la Ley 1/2005. Regula qué cuentas pagan, qué servicios adicionales se prestan y qué ocurre si no se paga.

Desarrolla el mecanismo para fomentar el uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte. Establece objetivos obligatorios de venta o consumo, un sistema de certificación y un régimen de control y sanciones.

Establece un nuevo método para actualizar cada año la retribución a la operación de instalaciones de generación eléctrica cuyos costes dependen sobre todo del precio del combustible, como cogeneración, tratamiento de residuos y biomasa. Fija cómo se estiman los precios del mercado eléctrico, del gas, de los hidrocarburos y de los derechos de emisión de CO2, y actualiza los valores aplicables desde el 1 de enero de 2024.

Regula el procedimiento y los requisitos para conceder capacidad de acceso y conexión a la red de transporte eléctrica en cinco nudos de transición justa (Garoña, Guardo, Lada, Mudéjar y Robla). Está dirigida a módulos de generación renovable síncronos y a instalaciones de almacenamiento síncrono.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2024 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad, operadores de petróleo y de gases licuados) su cuota anual de ahorro. Establece también el valor para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y el porcentaje mínimo que deben pagar a ese fondo, pudiendo cubrir el resto con Certificados de Ahorro Energético.

Incluye seis espacios marinos protegidos en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000 y declara dos Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas. Establece medidas de conservación, régimen de protección y sanciones para estos espacios.