Buscar en el BOE

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.

Esta ley crea un modelo de relación entre las empresas y las administraciones públicas de Cataluña, con una Ventanilla Única Empresarial y un portal único digital. Regula cómo se autorizan, comunican y controlan las actividades económicas y los establecimientos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 36/2020, que aprueba medidas urgentes para modernizar la Administración Pública y ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Esta ley acompaña a los presupuestos de Cantabria de 2021 y reúne medidas fiscales y administrativas. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre estadística, función pública, emergencias, cooperativas, medio ambiente, puertos, deporte, urbanismo, servicios sociales y empleo.

Crea las áreas de promoción económica urbana en Cataluña, zonas donde se agrupan actividades industriales, comerciales o de servicios. Regula cómo se constituyen, quién las gestiona, cómo se financian y cómo se extinguen, con reglas específicas para polígonos de actividad económica.

Establece medidas para modernizar la Administración Pública y gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza, instrumentos de gestión y normas para agilizar convenios, subvenciones y contratos vinculados a esos fondos.

Amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo de vigencia de las zonas de promoción económica de quince comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla. Así, las empresas de esas zonas pueden seguir solicitando las ayudas de incentivos regionales durante ese año.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Establece medidas para apoyar la actividad económica en locales de negocio arrendados afectados por las restricciones de la COVID-19. Regula la modificación de las condiciones del contrato y las reglas aplicables cuando las partes no llegan a un acuerdo.

Crea un espacio controlado de pruebas para que empresas puedan probar proyectos tecnológicos financieros bajo supervisión de las autoridades. Regula cómo acceder, las garantías para los participantes y el seguimiento de las pruebas, y establece cauces de comunicación con los supervisores.

Modifica el reparto de los avales públicos del primer tramo de la línea de financiación a empresas y autónomos. Desde el 1 de noviembre de 2020, los importes de aval asignados y no usados por las entidades se reparten por orden de petición.

Aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, que fija los objetivos de empleo en toda España y en cada comunidad autónoma y recoge los servicios y programas de los servicios públicos de empleo. El plan se reformuló para adaptarse a la pandemia de COVID-19.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020 de Andalucía, que mejora y simplifica la regulación para fomentar la actividad productiva. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 6/2020 de la Junta de Castilla y León, que regula medidas urgentes de recuperación económica y social en el ámbito local. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

Crea la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha para iniciativas empresariales consideradas estratégicas. Establece una Unidad de Acompañamiento Empresarial y un procedimiento para solicitar y obtener esa declaración. Regula sus efectos: tramitación preferente, reducción de plazos, utilidad pública y acceso a financiación.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, que establecía medidas financieras extraordinarias y urgentes para las entidades locales. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.