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Esta ley acompaña a los presupuestos de Cantabria de 2021 y reúne medidas fiscales y administrativas. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre estadística, función pública, emergencias, cooperativas, medio ambiente, puertos, deporte, urbanismo, servicios sociales y empleo.

Establece medidas para modernizar la Administración Pública y gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza, instrumentos de gestión y normas para agilizar convenios, subvenciones y contratos vinculados a esos fondos.

Amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo de vigencia de las zonas de promoción económica de quince comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla. Así, las empresas de esas zonas pueden seguir solicitando las ayudas de incentivos regionales durante ese año.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Crea un espacio controlado de pruebas para que empresas puedan probar proyectos tecnológicos financieros bajo supervisión de las autoridades. Regula cómo acceder, las garantías para los participantes y el seguimiento de las pruebas, y establece cauces de comunicación con los supervisores.

Modifica el reparto de los avales públicos del primer tramo de la línea de financiación a empresas y autónomos. Desde el 1 de noviembre de 2020, los importes de aval asignados y no usados por las entidades se reparten por orden de petición.

Crea la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha para iniciativas empresariales consideradas estratégicas. Establece una Unidad de Acompañamiento Empresarial y un procedimiento para solicitar y obtener esa declaración. Regula sus efectos: tramitación preferente, reducción de plazos, utilidad pública y acceso a financiación.

Crea programas de ayudas para reactivar la demanda en Extremadura tras la crisis sanitaria. Las ayudas se dirigen al comercio al por menor de textil y calzado, al comercio de muebles, a la compra de electrodomésticos de alta eficiencia energética y a la mejora de eficiencia energética y accesibilidad en viviendas.

Establece las condiciones financieras de los préstamos que los ayuntamientos, diputaciones y consejos insulares pueden hacer voluntariamente a la Administración General del Estado con sus remanentes de tesorería. El tipo de interés no podrá superar el coste de financiación de la Deuda del Estado y el plazo es de diez años.

Permite a los ayuntamientos usar el superávit de 2019 para inversiones sostenibles y les da apoyo financiero. Crea créditos extraordinarios para la recuperación económica y social local y para el transporte público. Regula también el endeudamiento local y su participación en tributos del Estado.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 8.000 millones de euros. El Estado, a través del ICO, avala financiación que las entidades financieras conceden a empresas y autónomos para liquidez e inversiones. También amplía hasta el 1 de diciembre de 2020 el plazo para solicitar avales anteriores.

Crea el Consejo Asesor de Asuntos Económicos, un órgano que asesora al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en materia económica y en reformas para mejorar la productividad y apoyar a la empresa. Regula sus funciones, composición, nombramientos, funcionamiento y medios.

Establece medidas para reactivar la actividad económica y social en Extremadura durante la transición hacia la «nueva normalidad» tras el confinamiento por la COVID-19. Incluye facilidades para proyectos empresariales, apertura de comercios, transporte, atención ciudadana y contratación pública.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.