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Modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria. Permite que los policías locales en prácticas porten armas de fuego y que sus cursos y prácticas previas cuenten en cualquier proceso selectivo o de promoción interna, sin límite de cinco años. Aclara quién paga a los funcionarios en prácticas y amplía el número de aspirantes que pueden hacer el curso básico.

La ley aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026. Fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se pueden modificar los créditos, las retribuciones del personal y las operaciones de deuda.

Reconoce la condición de agente de la autoridad al personal funcionario y directivo que trabaja en régimen interior y rehabilitación en centros penitenciarios de Cataluña. Regula esta atribución y la obligación de la Administración de indemnizar lesiones y daños materiales sufridos en el ejercicio de sus funciones.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

La ley modifica normas de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre hacienda pública, presupuestos, tributos y administración. Incluye cambios en la gestión de la tesorería, en los presupuestos de 2025 y en materias como vivienda, urbanismo, servicios sociales, salud, policías locales y fondos europeos.

Establece medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de la Administración de Canarias y mejorar la gestión de los recursos humanos. Regula el acceso al empleo fijo, las listas de empleo temporal y la promoción interna temporal. Incluye también medidas de protección de la infancia en juegos de azar y apuestas.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Modifica los requisitos de acceso a los cuerpos de Policía local de Asturias. Sustituye la edad máxima de 30 años por la edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida y elimina la exigencia de una estatura mínima.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024: fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se modifican los créditos, el gasto de personal, la deuda y las normas tributarias.

Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas, subvenciones, servicios sociales, sanidad, empleo, urbanismo y turismo, entre otras materias.

Regula las policías locales de Andalucía: su coordinación por la Junta, la creación y funciones de los cuerpos, su estructura y régimen de funcionamiento, el régimen estatutario de sus agentes (segunda actividad y jubilación), la selección y formación, y el régimen disciplinario.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Cambia la composición de la Comisión de Coordinación para incluir representantes de las jefaturas de los cuerpos y fija un número mínimo de efectivos, entre otros ajustes.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Regula la coordinación de las policías locales de Cantabria y crea un registro autonómico de estos cuerpos. Establece normas sobre su creación, organización, selección, formación, derechos, deberes y régimen disciplinario de sus miembros.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materia de tasas y tributos propios, y en normas administrativas sobre violencia de género, discapacidad, economía circular, investigación, seguros agrarios, policía local y urbanismo. Acompaña a los presupuestos de 2022 de la comunidad.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.