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Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias que amplía los medios patrimoniales (bienes y recursos) adscritos a los servicios que el Estado traspasó a la Comunitat Valenciana en materia de patrimonio arquitectónico, control de la calidad de edificación y vivienda.

Regula los museos, colecciones museográficas y centros de interpretación de Extremadura. Establece sus categorías, requisitos para su creación o reconocimiento, una Red y un Sistema de instituciones museísticas, y normas sobre gestión, fondos museísticos y régimen sancionador.

Regula las artes escénicas en Extremadura: define el sistema escénico y sus agentes, fija las competencias de la Junta, ordena los espacios escénicos y establece medidas de fomento de la creación, la exhibición y la investigación. Crea el Consejo Extremeño de las Artes Escénicas y un portal de las artes escénicas.

El Tribunal Constitucional deja sin efecto la suspensión de varios preceptos del Decreto-ley 2/2020 de Andalucía, que regula la mejora y simplificación para fomentar la actividad productiva. La suspensión había sido acordada al admitir un recurso de inconstitucionalidad y publicada en mayo de 2020.

Aprueba una subvención a la Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales para facilitar financiación a pymes y autónomos. Crea un programa de ayudas para dar liquidez a autónomos y pymes afectados por el COVID-19. También modifica normas sobre espectáculos públicos y patrimonio histórico y cultural.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Decreto-ley 2/2020 de Andalucía, que regula la mejora y simplificación para fomentar la actividad productiva. El recurso lo presenta el presidente del Gobierno.

Modifica las tarifas de acceso y visita públicos a los bienes del Patrimonio Nacional. Fija quiénes pueden usar la tarifa reducida y quiénes entran gratis, con acreditación en taquilla. Los cambios se aplican desde el 1 de abril de 2020.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley de Aragón 8/2018, de actualización de los derechos históricos. Anula el precepto que atribuía al presidente de la Diputación General de Aragón la competencia para convocar un referéndum de ratificación de la reforma estatutaria.