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Fija el objetivo de ahorro energético para 2025 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de combustibles) su cuota de ahorro. Establece cuánto deben aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y permite cubrir parte de la obligación con Certificados de Ahorro Energético.

Modifica el acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos para añadir un requisito nuevo en las nóminas del ingreso mínimo vital. Cuando una comunidad autónoma reconoce el derecho a esta prestación, deberá enviar una certificación sobre las resoluciones adoptadas y el detalle de perceptores e importes.

Establece orientaciones de política energética para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la modificación de la metodología que fija la tasa de retribución financiera de las redes de electricidad y gas. La CNMC debe tener en cuenta estas orientaciones al tramitar la nueva circular.

Modifica varios reales decretos sobre la política agrícola común para adaptarlos a los cambios del Plan Estratégico de la PAC aprobados por la Comisión Europea en agosto de 2024. Con ello se aplican en España las nuevas normas de la Unión Europea sobre ayudas agrícolas.

Modifica las normas de condicionalidad que deben cumplir los agricultores que reciben ayudas de la Política Agrícola Común. Exime de controles y sanciones a las explotaciones de 10 hectáreas o menos y adapta las reglas sobre labranza, cobertura del suelo y rotación de cultivos.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2024 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad, operadores de petróleo y de gases licuados) su cuota anual de ahorro. Establece también el valor para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y el porcentaje mínimo que deben pagar a ese fondo, pudiendo cubrir el resto con Certificados de Ahorro Energético.

Amplía hasta el 31 de mayo de 2024 el plazo para justificar y pedir el pago de la primera anualidad de la primera convocatoria de ayudas a inversiones en instalaciones y comercialización vitivinícolas. Se aplica a solicitudes presentadas desde la entrada en vigor del Real Decreto 905/2022 hasta el 1 de abril de 2023.

Modifica los modelos de autoliquidación 123, 210 y 216 y las declaraciones informativas 193 y 296, y la Orden EHA/1658/2009 sobre domiciliación de pago de deudas gestionadas por la Agencia Tributaria. Incluye un desglose de los dividendos y otras rentas de participación en fondos propios dentro del importe total de retenciones.

Modifica varios reales decretos sobre la aplicación de la Política Agrícola Común en España, en concreto en los sectores de frutas y hortalizas, vitivinicultura y apicultura, y en aspectos del ejercicio de la actividad agraria. Incluye cambios en el régimen de penalizaciones por declaraciones incorrectas de superficies en los pagos directos.

Modifica varios reales decretos que aplican en España la Política Agrícola Común (PAC) del periodo 2023-2027. Ajusta normas sobre derechos de ayuda básica a la renta, pastos permanentes y otras obligaciones, tras el primer año de aplicación del Plan Estratégico Nacional.

Modifica la normativa que regula las ayudas al sector del vino dentro del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. Introduce la destilación de crisis, una medida temporal para retirar del mercado vino que no encuentra salida comercial. También ajusta otras normas sobre gestión de ayudas agrícolas.

Permite pagar las tasas de la Jefatura Central de Tráfico con tarjeta de crédito o débito en sus oficinas físicas de toda España y en la oficina virtual 060. Mantiene el pago por vía telemática ya existente y autoriza al organismo a contratar este servicio con entidades de crédito colaboradoras de la Agencia Tributaria.

Aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones de Aragón, que reúne y ordena en un solo texto la Ley 5/2015 y las normas que la han modificado. Regula cómo la Comunidad Autónoma concede, gestiona, justifica y controla subvenciones, y cómo se reintegran y sancionan.

Adopta medidas urgentes frente a la sequía y el encarecimiento de costes en el sector agrario: ayudas directas a ganaderos, apicultores y agricultores, apoyo al seguro agrario, flexibilización de la PAC y medidas fiscales y de Seguridad Social. También regula el uso del agua en cuencas afectadas y rebajas de billetes de transporte público terrestre para jóvenes.