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Crea el Instituto de la Filmoteca Nacional de Cataluña como entidad con personalidad jurídica propia para conservar, preservar y difundir el patrimonio cinematográfico. Regula sus órganos de gobierno, su régimen económico, de contratación y de personal, y su relación con el departamento del que depende.

La ley regula la transparencia de la actividad pública en Euskadi. Establece obligaciones de publicidad activa, el derecho de acceso a la información pública y cauces de participación ciudadana. También crea la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena y un régimen sancionador.

Modifica la Ley 18/2017 de comercio, servicios y ferias y el Decreto-ley 1/2009 de equipamientos comerciales de Cataluña. Actualiza la regulación de la actividad comercial, los establecimientos y la planificación territorial de los equipamientos comerciales.

Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, vivienda protegida, barrios y equipamientos comerciales.

Crea la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Cataluña, que une la atención social y la sanitaria en un mismo organismo. Regula sus objetivos, funciones, órganos de gobierno, personal, presupuesto y patrimonio, y prevé instrumentos de planificación, innovación y evaluación.

Aprueba los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2026: fija los gastos e ingresos de la Administración y sus organismos, regula las modificaciones de créditos, el gasto de personal, las operaciones de crédito y algunas normas tributarias y de tasas.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2026. Fija los gastos e ingresos de la Administración general, organismos autónomos, entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios, y regula las retribuciones del personal y las aportaciones de las diputaciones forales.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

Modifica la Ley 26/2010 de régimen jurídico de las administraciones públicas de Cataluña. Regula la cita previa en la atención presencial, amplía el derecho a una buena administración y reconoce el derecho a rectificar errores ante la Administración.

La ley regula cómo la Administración de Castilla-La Mancha simplifica, agiliza y digitaliza sus procedimientos administrativos. Crea órganos de coordinación, un catálogo de procedimientos y un régimen para entidades colaboradoras y para la Administración digital, incluida la inteligencia artificial.

Regula cómo se determina qué organizaciones profesionales agrarias son más representativas en Castilla-La Mancha. Fija los requisitos para solicitar el reconocimiento y el procedimiento para medir esa representatividad, y deroga la normativa anterior.

La ley crea el Estatuto de los municipios rurales de Cataluña. Establece medidas para reforzar su financiación, mejorar los servicios públicos, facilitar el acceso a la vivienda y luchar contra el despoblamiento. También regula las relaciones entre estos municipios y otras administraciones.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

Modifica la Ley 16/2014 de acción exterior de Cataluña para crear un cuerpo de funcionarios con conocimientos específicos en acción exterior y relaciones con la Unión Europea. Regula también su desarrollo reglamentario, la afectación presupuestaria y la entrada en vigor.

Modifica la Ley 21/2003 de fomento de la paz para crear el plan director País de Paz, que la Generalitat debe elaborar cada cuatro años. El plan fija prioridades y recursos en prevención y resolución de conflictos, y el Parlamento lo aprueba a propuesta del Gobierno.

La ley regula la política de ciencia, tecnología e innovación en el Principado de Asturias. Crea y ordena el Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación, sus agentes y su registro, y establece el Plan Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación. También regula el personal investigador público, la financiación y la transferencia de resultados.

Crea el Fondo Agrario y Ganadero de Cataluña para financiar ayudas al sector agrario y ganadero. Regula su dotación, los beneficiarios y las ayudas para mejorar la competitividad, mitigar el cambio climático, modernizar regadíos y favorecer el relevo generacional.

Crea la Red Autonómica de Escuelas Infantiles del Principado de Asturias y regula cómo crece y cómo se integran en ella las escuelas infantiles municipales que lo soliciten. Fija sus principios, la integración del personal y los convenios con los ayuntamientos.

Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.