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La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley regula el control ambiental en Cantabria: crea un sistema de autorizaciones e inspecciones para instalaciones y actividades, y establece la evaluación ambiental de planes y proyectos. También fija infracciones, sanciones y medidas correctoras.

Regula los cabildos insulares de Canarias: su naturaleza, sus competencias como corporaciones locales y como instituciones de la Comunidad Autónoma, su organización interna, su régimen jurídico y de control, la transparencia y sus relaciones con el Gobierno y el Parlamento de Canarias.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Regula órganos de gobernanza (comisión, unidad y oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas, con simplificación administrativa.

Crea la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) como entidad pública empresarial de la Junta de Extremadura. La norma fija su finalidad, objetivos y funciones en materia de energía, sus órganos de gobierno, personal, contratación, recursos económicos y control. También regula el Bono Social Térmico en Extremadura.

Modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria. Permite que los policías locales en prácticas porten armas de fuego y que sus cursos y prácticas previas cuenten en cualquier proceso selectivo o de promoción interna, sin límite de cinco años. Aclara quién paga a los funcionarios en prácticas y amplía el número de aspirantes que pueden hacer el curso básico.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

La ley regula la simplificación administrativa en La Rioja: reduce trámites y cargas para ciudadanos y empresas, ordena la intervención administrativa, impulsa la transformación digital y fija reglas de calidad normativa y un régimen sancionador.

Habilita a la Comunidad de Madrid para ejercer la acción popular en procesos penales por delitos de incendio forestal, desórdenes públicos en espectáculos y delitos contra el patrimonio cultural. Para ello modifica tres leyes autonómicas.

La ley regula la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de Andalucía. Establece cómo se clasifican y declaran los bienes culturales, quién tiene competencias y qué obligaciones existen para sus propietarios. También crea instrumentos de registro e información y fija un régimen de inspección y sanciones.

Modifica la Ley de salud de Galicia para añadir medidas de prevención y protección frente a la violencia contra el personal sanitario. Incluye campañas de sensibilización social y regula cómo se aplican las medidas ya adoptadas.

Modifica la Ley 4/2015 que regula el paso de un gobierno a otro en Extremadura. Cambia las reglas sobre cómo actúa el gobierno saliente mientras se forma el nuevo.

La ley regula la gestión ambiental en Andalucía: planificación, información y participación pública, evaluación ambiental de planes y proyectos, prevención y control de la contaminación, inspección y régimen sancionador. También crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Red de Información Ambiental de Andalucía.

La ley aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026. Fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se pueden modificar los créditos, las retribuciones del personal y las operaciones de deuda.

Disuelve la entidad local menor de Santa Lucía, en el municipio de Ocón (La Rioja), a petición de sus vecinos. El Ayuntamiento de Ocón asume el personal y todos los derechos y obligaciones de la entidad disuelta.