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Declara de utilidad pública y aprueba la desafectación de 54.002,93 metros cuadrados de terreno comunal del Concejo de Sagaseta, en el Valle de Egües (Navarra). Autoriza al Concejo a permutar esos terrenos por 218.168,77 metros cuadrados de dos propietarios particulares para unificar los pastos del monte Izpikudi.

La ley regula en Aragón la agricultura social y familiar, el regadío, la reordenación de la propiedad agraria y el Patrimonio Agrario de la comunidad. También prevé actuaciones frente a daños en explotaciones agrarias por eventos naturales de especial intensidad.

Modifica la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha. Cambia cómo se regulan estas vías, que son caminos para el tránsito del ganado. Incluye reglas sobre expedientes en tramitación y su entrada en vigor.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Modifica el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. Cambia la regulación del suelo no urbanizable, amplía el contenido de las Delimitaciones del Suelo Urbano en municipios sin Plan General, suprime la limitación de vinculación de edificaciones en la zona de borde y acorta el régimen transitorio del planeamiento en tramitación.

El Pleno del Tribunal Constitucional levanta la suspensión del artículo 173 de la Ley de les Corts Valencianes 7/2021, que añade un apartado 6 al artículo 7 de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. La suspensión había sido acordada al admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno.

Aprueba cinco planes de ordenación del espacio marítimo, uno por cada demarcación marina española. Estos planes ordenan las actividades humanas en el mar para hacerlas compatibles con la protección del medio marino y el desarrollo de los sectores marítimos.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Regula en las Illes Balears el procedimiento para obtener, modificar, revisar y extinguir la autorización ambiental integrada, que unifica permisos ambientales de instalaciones contaminantes. También crea un registro de actividades y un plan de inspección ambiental.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para compensar la subida de precios. Incluye ayudas para personas desempleadas, pagos para personas en situación de dependencia, una ayuda para beneficiarios del Bono Social Térmico y aumentos de la renta social garantizada y de emancipación.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

Esta ley de Extremadura agrupa medidas para agilizar la respuesta de la administración a la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos. Incluye cambios en el impulso a proyectos empresariales, en normas ambientales, urbanísticas, tributarias, de consumo, de renta garantizada y de contratación pública, entre otras.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado traspasa a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. Incluye la gestión del dominio público marítimo-terrestre, obras en el litoral que no sean de interés general y la policía administrativa en esa zona.

Modifica varias normas de Canarias. Cambia la ley del suelo para regular la legalización de explotaciones ganaderas y los planes de ordenación de recursos naturales, ajusta el reglamento de planeamiento y modifica la ley de la Agencia Tributaria Canaria y la del patrimonio autonómico.

Regula la planificación, ordenación, desarrollo y ejecución de las áreas empresariales de Galicia, así como el acceso al suelo empresarial de titularidad autonómica y su gestión y conservación. Establece instrumentos de planificación, desarrollo y ejecución, y un régimen sancionador.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra un artículo de una ley valenciana que añade un apartado al artículo 7 de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de ese precepto quedan suspendidas.

La ley regula la ordenación del territorio y el urbanismo en Cantabria. Establece los instrumentos de planificación territorial y urbanística, las clases de suelo y su régimen, la gestión y ejecución del planeamiento, la intervención en la edificación y el uso del suelo, y la disciplina urbanística.