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Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2022 y fija las normas para gestionar sus ingresos y gastos. Regula los créditos, las modificaciones presupuestarias, los gastos de personal y las transferencias a entidades locales.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades de la Seguridad Social. Cambia el nombre de algunos indicadores presupuestarios de la memoria de las cuentas anuales para evitar confusión con el «período medio de pago» de la normativa de estabilidad presupuestaria.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2022: fija los gastos e ingresos, regula las modificaciones de créditos, las subvenciones, el personal, la deuda y las normas tributarias. Incluye el Fondo de Cooperación Local y la financiación de la Universidad de La Rioja.

Modifica los documentos contables y la instrucción de operatoria contable para la ejecución del gasto del Estado. Cambia notas y formatos de los anexos de seguimiento de fondos de la Unión Europea e información adicional, e incorpora en la regla 55 los expedientes financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y REACT-UE. También aplaza la entrada en vigor de varios puntos de la Orden HAC/820/2021.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Modifica las instrucciones para el cierre del ejercicio 2021 de las entidades de la Seguridad Social. Ajusta los plazos para tramitar expedientes de gasto y remitir documentación contable, para que las operaciones queden registradas antes del último día hábil del año.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2021. Fija los créditos iniciales de la Administración General, sus organismos autónomos y entidades públicas, y regula su financiación. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión presupuestaria, deuda pública y tributos.

Modifica el Real Decreto 706/1997 para permitir que los expedientes de reconocimiento de prestaciones de la Seguridad Social se repartan automáticamente entre las distintas intervenciones delegadas, según las cargas de trabajo. También amplía la competencia territorial de los órganos provinciales de las entidades gestoras.

Fija los plazos y procedimientos para cerrar la contabilidad del ejercicio 2021 en las entidades que forman el sistema de la Seguridad Social. Regula la tramitación de expedientes de gasto, los pagos y el registro de operaciones al final del año.

Fija los plazos y procedimientos para cerrar el ejercicio presupuestario de 2021 en el gasto del Estado y en las operaciones no presupuestarias. Concreta fechas para tramitar modificaciones de crédito, fiscalizar expedientes, contabilizar operaciones y ordenar y realizar pagos.

Regula cómo la Administración General del Estado realiza los pagos en el exterior y los pagos en divisas a través del Cajero de Pagos en el exterior y de Pagos en divisas. Distingue entre pagos en firme, pagos a justificar y pagos para reposiciones de anticipos de caja fija.

Regula cómo la Administración General del Estado realiza los pagos en el exterior y los pagos en divisas (monedas distintas del euro). Establece los procedimientos según si la obligación se contrajo en euros o en divisas, la información sobre los pagos y los reintegros al Tesoro Público.

Modifica el Plan General de Contabilidad Pública y las normas de cuentas anuales consolidadas del sector público. Añade una norma contable sobre los activos usados en concesiones de servicios públicos y cambia la denominación de algunos indicadores presupuestarios de la memoria.

Modifica el Acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos en régimen de requisitos básicos. Actualiza la comprobación de convenios y de transferencias a comunidades autónomas, adaptándola a la Ley 40/2015.

Establece que el control previo de ciertos gastos públicos se limite a comprobar unos requisitos básicos. Se aplica a convenios y transferencias a comunidades autónomas, y también a entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Modifica varias órdenes de contabilidad pública para crear un documento de seguimiento de gastos financiados con fondos de la Unión Europea, precisar la fecha de gasto en ciertas operaciones e incorporar el código DIR3 del centro gestor y de la unidad tramitadora en los documentos contables.