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Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

Sustituye la tabla de códigos de tres letras que identifican a cada ministerio en la numeración de las órdenes ministeriales publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Los nuevos códigos se aplican a las órdenes adoptadas desde la entrada en vigor del Real Decreto 1230/2023, que reestructura los departamentos ministeriales.

Sustituye la tabla de códigos de tres letras que identifican a cada ministerio en la numeración de las órdenes ministeriales publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Los nuevos códigos se aplican a las órdenes adoptadas desde la entrada en vigor del Real Decreto 829/2023, que reestructuró los departamentos ministeriales.

La ley establece objetivos de bienestar para las generaciones presentes y futuras en las Illes Balears y crea una comisión que evalúa el impacto de las políticas públicas y de las normas sobre ese bienestar. También obliga a elaborar informes de evaluación de impacto, incluido uno anual y otro sobre los presupuestos.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Regula cómo se elaboran las normas de carácter general impulsadas por el Gobierno Vasco, tanto leyes como reglamentos. Fija las etapas del procedimiento: planificación, evaluación, consulta previa, audiencia e información pública, informes preceptivos y dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. Incluye principios de calidad normativa y redacción bilingüe.

Regula la transparencia de la actividad pública de la Generalitat Valenciana y el derecho de acceso a la información pública. Establece obligaciones de publicidad activa, un Portal de Transparencia y reglas de buen gobierno para los altos cargos. Crea el Consejo Valenciano de Transparencia y un régimen sancionador.

Amplía el plazo de suspensión de títulos habilitantes para nuevos locales de juegos y apuestas en Canarias. Modifica la Ley 2/2020, de 14 de octubre, que suspende la instalación de nuevos salones recreativos, locales de apuestas externas y espacios de apuestas en casinos y salas de bingo.

Crea la División para la Coordinación y Seguimiento de la Aplicación de la Normativa Medioambiental dentro de la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La norma fija sus funciones de seguimiento del cumplimiento de la normativa medioambiental y climática en la ejecución de las políticas públicas.

Sustituye la tabla de códigos de tres letras que identifican a cada ministerio en la numeración de las órdenes ministeriales publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Los nuevos códigos se aplican a las órdenes adoptadas desde la entrada en vigor del Real Decreto 507/2021, que reestructura los departamentos ministeriales.

Establece que, antes de aprobar nuevas normas que regulen el acceso o el ejercicio de profesiones reguladas, se debe hacer una evaluación de proporcionalidad. Fija criterios de no discriminación, justificación por interés público y proporcionalidad, y regula la información y participación de los interesados.

Establece cómo deben actuar y funcionar las administraciones públicas por medios electrónicos. Regula los portales de internet, las sedes electrónicas, la identificación y firma electrónica, los registros y notificaciones electrónicas, el expediente administrativo electrónico y la colaboración entre administraciones.

Sustituye la tabla de códigos de tres letras que identifican a cada ministerio en la numeración de las órdenes ministeriales publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Los nuevos códigos se aplican a las órdenes adoptadas desde la entrada en vigor del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero.