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Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para introducir principios y objetivos de circularidad en el sector. Crea la estrategia y el plan de circularidad para los alojamientos turísticos y regula su implantación. También suspende la adquisición de plazas turísticas en Mallorca, Ibiza y Formentera y limita actividades turísticas en Menorca.

Regula los criterios de sostenibilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que deben cumplir los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. También crea el sistema de garantías de origen para el gas procedente de fuentes renovables.

Establece las reglas que debe seguir la publicidad de criptoactivos ofrecidos como inversión. Delimita qué anuncios y qué personas o entidades quedan sujetos a control, exige comunicar antes las campañas masivas y fija cómo la CNMV supervisa esa publicidad.

Establece los criterios para que el caucho granulado y el polvo de caucho obtenidos de neumáticos fuera de uso dejen de ser considerados residuos cuando se destinan a ciertas aplicaciones. También modifica otras órdenes sobre papel y cartón recuperado, aceite usado y fuel recuperado.

Establece un sistema para evaluar la calidad de la enseñanza en la Guardia Civil. Regula cómo se evalúan los centros docentes y los planes de estudios mediante autoevaluación, evaluación externa y evaluación específica, con informes y planes de mejora.

Modifica las normas contables de los fondos sin personalidad jurídica del sector público estatal. Permite revertir el deterioro de valor de instrumentos de patrimonio valorados al coste que no cotizan en mercado activo. Añade una subcuenta contable para registrar esa reversión.

Regula los principios generales y la organización del sistema de información contable de la Seguridad Social. Sustituye al Real Decreto 508/2000 y actualiza el marco que aplica la Intervención General de la Seguridad Social. Incluye el ámbito de aplicación, los fines y los principios del sistema.

Modifica el Real Decreto 773/1997 para adaptar sus anexos a la Directiva (UE) 2019/1832. Actualiza la terminología y la clasificación de riesgos de los equipos de protección individual para que coincidan con el Reglamento (UE) 2016/425.

Establece los modelos de información que las entidades de crédito y otras entidades supervisadas deben elaborar y enviar al Banco de España sobre conducta de mercado, transparencia y protección de la clientela. También regula el registro de reclamaciones que deben mantener a disposición del Banco de España.

Permite vender plátanos de La Palma con daños en la piel causados por la ceniza del volcán de Cumbre Vieja, sin cumplir los límites de defectos superficiales de la norma europea de comercialización. Se aplica de forma temporal y también permite destinar el producto a distribución gratuita, restauración u otras salidas.

Publica tres normas técnicas de auditoría adaptadas a España: la NIA-ES 250R sobre cómo el auditor debe considerar las leyes y reglamentos, la NIA-ES 315R sobre cómo identificar y valorar el riesgo de errores materiales en las cuentas y la NIA-ES 610R sobre el uso del trabajo de los auditores internos. Estas normas sustituyen a las versiones anteriores.

Establece la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva en España. Fija denominaciones, definiciones, obligaciones de trazabilidad, instalaciones, aceites y envases, prácticas prohibidas y control oficial. Sustituye la regulación anterior de 1983 con una norma específica para estos productos.

Aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad SICRES4, que fija el modelo de datos para el intercambio de asientos entre las oficinas de registro de las Administraciones públicas. Sustituye a la versión anterior de 2011 y permite adaptar los intercambios a las nuevas necesidades y avanzar hacia una tramitación automatizada.

Establece el sistema de información por el que los laboratorios y centros sanitarios deben enviar diariamente a las comunidades autónomas los datos de las pruebas diagnósticas de COVID-19, y estas al Ministerio de Sanidad. La información se usa para la vigilancia epidemiológica y para emitir certificados de pruebas y de recuperación.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia. El recurso lo presentan cincuenta diputados y pide anular la ley entera o, si no, varios artículos y disposiciones concretos.