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Fija las condiciones para comunicar al Catastro cambios en inmuebles: nuevas construcciones, ampliaciones, reformas, demoliciones y cambios de uso, siempre que exista licencia o autorización equivalente. También regula la comunicación de otras alteraciones cuando no encajan en los supuestos ya previstos.

Modifica la norma contable de la Seguridad Social para fijar cómo se registran los inmuebles sanitarios y de servicios sociales cedidos a las Comunidades Autónomas, cuya titularidad sigue siendo estatal. Establece criterios de reconocimiento y valoración de estas cesiones de uso.

Aprueba las normas técnicas para incluir la representación gráfica de inmuebles (planos y coordenadas) en los documentos notariales. Busca que la descripción escrita del inmueble coincida con la descripción gráfica del Catastro.

Aprueba las tarifas que la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA) cobrará por investigar la situación jurídica, registral y catastral de inmuebles y por regularizarlos. Fija importes para la investigación patrimonial y para los trabajos de regularización, como certificados, proyectos de segregación y solicitudes catastrales.