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Modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 con medidas extraordinarias para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El sistema atiende a casi 1,7 millones de personas y emplea a más de 500.000.

Establece medidas urgentes para agilizar la valoración y el reconocimiento de la dependencia en Cataluña. Crea la tramitación prioritaria y abreviada, el abono de un importe mínimo desde el reconocimiento del grado y refuerza los equipos de valoración.

El Tribunal Constitucional levanta la suspensión de la aplicación del artículo 97 de la Ley de simplificación administrativa de Cantabria, que añade apartados 2, 3 y 4 a la disposición adicional séptima de la Ley de derechos y servicios sociales de Cantabria. El recurso de inconstitucionalidad sigue en tramitación.

Regula las prestaciones económicas para personas con grado III+ de dependencia extrema en Cataluña y modifica la Ley 12/2007 de servicios sociales. Establece las cuantías máximas de la prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio y de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Crea y regula el Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales (SIESS), un sistema para recoger y compartir datos e estadísticas sobre servicios sociales entre las administraciones. Fija sus principios y reparte las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

Modifica las normas de Canarias sobre las prestaciones económicas de atención a la dependencia. Regula la prestación de asistencia personal y el régimen de compatibilidades e incompatibilidades entre prestaciones, adaptándolo al nuevo Grado III+ de dependencia extrema.

Desarrolla en Ceuta y Melilla el procedimiento para reconocer, declarar y calificar el grado de discapacidad. Regula la composición y funciones de los equipos multiprofesionales del Imserso y el procedimiento administrativo, incluida la tarjeta acreditativa.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Crea los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), títulos oficiales que acreditan el dominio de esta lengua en distintos niveles. Regula cómo se obtienen, quién los expide y qué efectos tienen, y modifica varias normas para encajar este sistema.

El Pleno del Tribunal Constitucional levanta la suspensión de varios preceptos de la Ley 5/2024 de Galicia, de medidas fiscales y administrativas, que había sido acordada al admitir un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno. Los preceptos impugnados son los apartados 2, 13, 17, 19, 20, 21 y 25 del artículo 30 y el artículo 45.5.

Crea y regula la Comisión Interministerial para la transformación y sostenibilidad de los cuidados de larga duración. Esta comisión coordina a varios ministerios para mejorar el sistema de apoyos a personas en situación de dependencia o discapacidad, con enfoque de derechos y vida en la comunidad.

Crea y regula la Unidad técnica de apoyo y coordinación de las autoridades de vigilancia en materia de requisitos de accesibilidad. Esta unidad apoya a las autoridades que vigilan el mercado de productos y la conformidad de servicios accesibles, en aplicación de la Ley 11/2023.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra varios apartados del artículo 30 y del artículo 45 de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2024. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de esos preceptos queda suspendida.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra el artículo 97 de la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria, que añade tres apartados a la disposición adicional séptima de la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos.