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Desarrolla la Ley Orgánica 11/2021 de lucha contra el dopaje en el deporte. Regula las autorizaciones de uso terapéutico, la prevención, la planificación y realización de controles, el pasaporte biológico y el procedimiento sancionador.

Actualiza los títulos de Formación Profesional de Técnico en Operaciones de Laboratorio, Técnico en Planta Química y Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad de la familia Química. Fija las enseñanzas mínimas de estos ciclos formativos.

Designa los laboratorios nacionales de referencia para las enfermedades animales que figuran en su anexo, en cumplimiento del Reglamento de la Unión Europea sobre controles oficiales. También fija sus funciones y deroga varias normas anteriores de sanidad animal.

Aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), que pasa a ser el organismo público que elabora y ejecuta las políticas de lucha contra el dopaje. También modifica los estatutos del Consejo Superior de Deportes y del Instituto de Salud Carlos III.

Amplía la designación del Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del CIEMAT y del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia como depositarios de patrones nacionales de medida. Añade nuevas magnitudes de medida a sus funciones y modifica las normas que los regulan.

Crea y regula el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales (ROPVEG) y fija las condiciones para que los operadores autorizados puedan expedir pasaportes fitosanitarios. También establece obligaciones para los productores de material vegetal de reproducción y modifica varias normas sobre agricultura.

Establece el sistema de información por el que los laboratorios y centros sanitarios deben enviar diariamente a las comunidades autónomas los datos de las pruebas diagnósticas de COVID-19, y estas al Ministerio de Sanidad. La información se usa para la vigilancia epidemiológica y para emitir certificados de pruebas y de recuperación.

Regula cómo se certifica oficialmente que los vegetales y productos vegetales españoles cumplen los requisitos fitosanitarios del país de destino antes de exportarlos. Establece obligaciones para exportadores, entidades auditoras, agentes de control y laboratorios, y el procedimiento para expedir los certificados.

Actualiza los precios públicos del Laboratorio de Control del Dopaje de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y fija bonificaciones no acumulables por volumen de controles o por interés público, social o cultural. Las bonificaciones requieren un convenio específico con la Agencia.

Crea la División de Laboratorios de Sanidad de la Producción Agraria, un órgano dependiente de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria. La División coordina los laboratorios nacionales de sanidad vegetal, animal y veterinario.

Concede dos subvenciones directas a la Universidad Politécnica de Madrid y al Servicio de Salud del Principado de Asturias para actuaciones en materia de seguridad minera. Fija el procedimiento, las obligaciones de las entidades beneficiarias, la cuantía, el pago y la justificación.

Establece la vigilancia epidemiológica obligatoria de la COVID-19 durante la transición hacia la nueva normalidad. Fija cómo se detectan los casos, cómo se obtienen y comunican los datos y cómo deben informar los laboratorios.

Regula cómo se caracteriza y se inscribe la maquinaria agrícola en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA). Fija criterios de potencia, condiciones de seguridad, marcas de calidad y requisitos para la inscripción obligatoria de determinadas máquinas.

Prorroga la validez de las autorizaciones de proyectos que usan animales con fines científicos o docentes y que vencían a partir del 1 de marzo de 2020. La prórroga dura hasta 120 días después de que termine el estado de alarma, ampliable 30 días más.