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Modifica la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia. Sustituye el Consejo de la Transparencia por un Comisionado de Transparencia, órgano unipersonal e independiente, y crea una Comisión de Transparencia para resolver reclamaciones antes de acudir a los tribunales.

La ley establece una amnistía para determinados actos relacionados con el proceso independentista en Cataluña. Fija qué hechos quedan amparados y cuáles se excluyen, y regula cómo se extinguen las responsabilidades penal, administrativa y contable. También indica qué órganos aplican la amnistía y con qué procedimiento.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2023, que aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Ordena su publicación para general conocimiento.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 15 y el punto sexto de la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2021. Declara que la medida cumple los límites del decreto-ley: existe justificación de urgencia y conexión con la situación que se regula.

Aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación con fondos europeos. Regula la digitalización de la justicia, cambios en el empleo público, la reforma de la ley de régimen local y los incentivos fiscales al mecenazgo.

Desarrolla la Ley 52/1997 sobre la asistencia jurídica al Estado. Regula cómo la Abogacía General del Estado emite informes y defiende al Estado en juicios, y cómo presta asistencia a órganos constitucionales y entidades públicas. Sustituye al reglamento anterior de 2003.

El Tribunal Constitucional declara que la cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 10.8 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa ha perdido su objeto, porque ese precepto ya fue anulado por una sentencia anterior.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Reforma la Ley Concursal para adaptarla a una directiva europea. Regula los planes de reestructuración preventiva de empresas con dificultades, la exoneración de deudas de personas físicas y el régimen de inhabilitaciones. También ordena los procedimientos de insolvencia para hacerlos más eficientes.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el reparto de competencias entre los Juzgados de lo Mercantil y las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales. Con ello se busca agilizar los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, adaptando la legislación española a la Directiva (UE) 2019/1023.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en España. Prohíbe la discriminación por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión, edad o discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y fija infracciones y sanciones.

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nulo el artículo 10.8 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la redacción dada por la Ley 3/2020. Ese precepto permitía que las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia autorizaran o ratificaran medidas sanitarias de protección de la salud pública cuando los destinatarios no estuvieran identificados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 10.8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, introducido por la Ley 3/2020. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento pueden personarse en 15 días.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 15 y el punto 6.º de la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2021, que recogía medidas urgentes sanitarias, sociales y jurisdiccionales tras el estado de alarma. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

Modifica el Real Decreto-ley 17/2020, que aprobó medidas de apoyo al sector cultural y tributarias frente al COVID-19. Cambia la exposición de motivos y añade una disposición adicional sobre la compra de bienes muebles del Patrimonio Histórico por el sector público.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2021, que recoge medidas urgentes sanitarias, sociales y judiciales para aplicar tras el fin del estado de alarma por la COVID-19. Ordena publicar el acuerdo para conocimiento general.