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Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Actualiza los formularios estadísticos (anexos 2.I a 2.IV) que se presentan al registrar convenios colectivos y acuerdos de trabajo. Estos formularios recogen los datos para elaborar la estadística de convenios colectivos. La hoja de los planes de igualdad (anexo 2.V) no cambia.

Desarrolla cómo las empresas de más de 50 personas trabajadoras deben negociar y aplicar un conjunto planificado de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, incluido un protocolo de atención al acoso o la violencia. Regula el procedimiento de negociación, el contenido y la vigencia de esas medidas.

Establece la representación paritaria y la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos constitucionales, el Gobierno, el sector público, colegios profesionales, sindicatos, empresas, fundaciones y otros ámbitos. Modifica varias leyes para aplicar este criterio, incluida la ley electoral y la del Estatuto de los Trabajadores.