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El Pleno del Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios artículos de la Ley 5/2025 de la Comunitat Valenciana, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión afecta a preceptos que modifican la ley de identidad de género y a un artículo sobre función pública sanitaria.

Aprueba los nuevos Estatutos del Instituto de las Mujeres, O.A., organismo público que promueve la igualdad entre mujeres y hombres. Regula sus fines, funciones, estructura interna, personal, presupuesto y forma de funcionamiento.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley 5/2025 de la Generalitat Valenciana, que modifican normas sobre identidad de género y función pública. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia de esos preceptos queda suspendida.

La ley crea el Estatuto de las Mujeres Rurales del Principado de Asturias. Establece medidas para la igualdad de oportunidades en el medio rural, la formación y el empleo, el acceso a la titularidad de explotaciones agrarias y la protección frente a la violencia sobre la mujer. Crea una Comisión de Seguimiento y Evaluación.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

Actualiza los formularios estadísticos (anexos 2.I a 2.IV) que se presentan al registrar convenios colectivos y acuerdos de trabajo. Estos formularios recogen los datos para elaborar la estadística de convenios colectivos. La hoja de los planes de igualdad (anexo 2.V) no cambia.

Establece los procedimientos básicos para acreditar que una persona es víctima de violencias sexuales. La acreditación sirve para acceder a los derechos y recursos previstos en la ley. Se aprueba en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Establece las bases para conceder subvenciones del Instituto de las Mujeres, en concurrencia competitiva, a universidades y entidades del ámbito universitario. Cubre tres tipos: programas de postgrado en estudios feministas y de género, actividades universitarias sobre igualdad y proyectos de investigación feminista.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector para actuaciones en igualdad de trato y no discriminación. Las ayudas se dirigen a atender a personas que viven en asentamientos informales y a víctimas de acciones LGTBIfóbicas.

La Instrucción aclara cómo aplicar las reglas de listas paritarias entre mujeres y hombres en las elecciones, tras la Ley Orgánica 2/2024. Indica cómo contar titulares y suplentes, cómo tratar a personas no binarias y el plazo para corregir errores en las candidaturas.

Regula la concesión directa de subvenciones del Instituto de las Mujeres a varias entidades para promover la igualdad y la inclusión. Incluye ayudas a asociaciones, a la Cámara de Comercio de España, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Fundación EOI.

Aprueba el IV Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos. El Plan fija 20 objetivos y 45 medidas repartidas en 6 ejes, con especial atención a la brecha salarial, la corresponsabilidad y la violencia contra las mujeres.

Actualiza el texto del Reglamento del Congreso de los Diputados para usar un lenguaje inclusivo de género y no sexista. La revisión se hace en cumplimiento de la reforma del Reglamento de 21 de septiembre de 2023 y del artículo 14 de la Constitución.

La ley establece medidas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y fomentar la corresponsabilidad en las Illes Balears. Regula actuaciones en el sector público, el sector privado y entre los trabajadores autónomos, e incluye planificación, seguimiento y medidas fiscales.