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Aprueba los nuevos Estatutos del Instituto de las Mujeres, O.A., organismo público que promueve la igualdad entre mujeres y hombres. Regula sus fines, funciones, estructura interna, personal, presupuesto y forma de funcionamiento.

La ley crea el Estatuto de las Mujeres Rurales del Principado de Asturias. Establece medidas para la igualdad de oportunidades en el medio rural, la formación y el empleo, el acceso a la titularidad de explotaciones agrarias y la protección frente a la violencia sobre la mujer. Crea una Comisión de Seguimiento y Evaluación.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Establece los procedimientos básicos para acreditar que una persona es víctima de violencias sexuales. La acreditación sirve para acceder a los derechos y recursos previstos en la ley. Se aprueba en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Establece las bases para conceder subvenciones del Instituto de las Mujeres, en concurrencia competitiva, a universidades y entidades del ámbito universitario. Cubre tres tipos: programas de postgrado en estudios feministas y de género, actividades universitarias sobre igualdad y proyectos de investigación feminista.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector para actuaciones en igualdad de trato y no discriminación. Las ayudas se dirigen a atender a personas que viven en asentamientos informales y a víctimas de acciones LGTBIfóbicas.

Regula la concesión directa de subvenciones del Instituto de las Mujeres a varias entidades para promover la igualdad y la inclusión. Incluye ayudas a asociaciones, a la Cámara de Comercio de España, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Fundación EOI.

Aprueba el IV Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos. El Plan fija 20 objetivos y 45 medidas repartidas en 6 ejes, con especial atención a la brecha salarial, la corresponsabilidad y la violencia contra las mujeres.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector para actuaciones de igualdad de trato y no discriminación. Las ayudas se dirigen a atender a personas que viven en asentamientos informales y a víctimas de acciones LGTBIfóbicas.

Regula la concesión directa de subvenciones del Instituto de las Mujeres a varias entidades para promover la igualdad y la incorporación de la mujer al empleo y al emprendimiento. Incluye ayudas a la Cámara de Comercio de España, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Fundación EOI.

Convoca el procedimiento para conceder el distintivo «Igualdad en la Empresa» correspondiente a 2024 y aprueba sus bases. Pueden presentarse empresas y entidades que actúen en España y destaquen por aplicar políticas de igualdad entre mujeres y hombres.

Establece la representación paritaria y la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos constitucionales, el Gobierno, el sector público, colegios profesionales, sindicatos, empresas, fundaciones y otros ámbitos. Modifica varias leyes para aplicar este criterio, incluida la ley electoral y la del Estatuto de los Trabajadores.

Modifica la ley de Castilla-La Mancha contra la violencia de género para que las ayudas económicas a hijas e hijos en situación de orfandad por el homicidio o asesinato de sus madres puedan recibirse más allá de los 18 años, si se cumplen los requisitos que se fijen. También actualiza el objeto y la finalidad de la ley.

Crea y regula el Consejo Asesor de Brecha de Género, un órgano del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Su función es asesorar en la toma de decisiones sobre las políticas públicas del ministerio que afectan a las desigualdades entre mujeres y hombres.

Aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en la Administración General del Estado y sus organismos públicos. El protocolo se aplicará en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto.

Modifica las bases de las subvenciones para programas y proyectos contra la violencia hacia las mujeres. Añade un nuevo tipo de proyecto subvencionable: los de innovación social y alianzas entre varios actores. También ajusta la gestión del procedimiento para agilizar los trámites.