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Cambia el órgano que certifica las cuotas de préstamos pendientes de pymes con alta inversión en I+D+i. Esa certificación pasa de la Secretaría General de Innovación a la Secretaría General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. También ajusta el plazo para presentar solicitudes.

Modifica la normativa sobre ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Actualiza las reglas sobre las tablas biométricas que se usan para calcular las provisiones técnicas en seguros de vida y decesos, y crea una comisión técnica de análisis de sus hipótesis.

Modifica la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras para aplicar una directiva europea que busca que los accionistas de sociedades cotizadas mantengan su inversión a largo plazo. Regula el voto doble por lealtad, la remuneración de consejeros, las operaciones vinculadas y los asesores de voto.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas a pequeños proyectos de inversión que generen o mantengan empleo en zonas mineras del carbón para el periodo 2020-2023. Las ayudas buscan actividades económicas alternativas a la minería en municipios afectados por el cierre de explotaciones.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores contra el Decreto-ley 6/2020 de la Junta de Castilla y León, que regulaba la participación de los entes locales en fondos autonómicos. La sentencia examina si existía la extraordinaria y urgente necesidad que justifica el uso del decreto-ley.

Fija la retribución para el año 2016 de varias empresas distribuidoras de energía eléctrica, tras varias sentencias del Tribunal Supremo que estimaron parcialmente sus recursos contra la orden que fijó esa retribución. Corrige parámetros de cálculo, entre ellos el factor λibase, para las empresas afectadas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, sobre medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Exime del IRPF el ingreso mínimo vital y otras ayudas de subsistencia hasta un límite conjunto anual. También aprueba una ampliación de crédito para el Ministerio de Hacienda y modifica dos leyes fiscales para ejecutar sentencias judiciales.

Fija los valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento para las instalaciones de transporte de gas natural y plantas de gas natural licuado durante el periodo regulatorio 2021-2026. También establece los requisitos mínimos de las auditorías sobre inversiones y costes de estas instalaciones.

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos de prevención de riesgos y seguridad minera. Las ayudas van a empresas (inversión material) y a entidades sin ánimo de lucro (formación). Su fin es reducir la siniestralidad en la minería en España.

Establece las reglas que debe cumplir la publicidad de productos y servicios de inversión: contenido, formato, controles internos de las entidades y registro de los mensajes. También fija cómo supervisa la CNMV esa publicidad y cómo puede exigir el cese o la rectificación.

Modifica el reparto de los avales públicos del primer tramo de la línea de financiación a empresas y autónomos. Desde el 1 de noviembre de 2020, los importes de aval asignados y no usados por las entidades se reparten por orden de petición.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 6/2020 de la Junta de Castilla y León, que regula medidas urgentes de recuperación económica y social en el ámbito local. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

Crea la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha para iniciativas empresariales consideradas estratégicas. Establece una Unidad de Acompañamiento Empresarial y un procedimiento para solicitar y obtener esa declaración. Regula sus efectos: tramitación preferente, reducción de plazos, utilidad pública y acceso a financiación.

El Acuerdo dispone la terminación de los tratados bilaterales de inversión entre Estados miembros de la Unión Europea. También regula el fin de las cláusulas de remanencia y el tratamiento de los arbitrajes entre inversores y Estados, incluidos los pendientes y los concluidos.

Modifica el reglamento de planes y fondos de pensiones y la normativa de seguros para completar la incorporación al derecho español de dos directivas europeas sobre fondos de pensiones de empleo y sobre la implicación a largo plazo de los accionistas.

Establece las bases reguladoras y abre la convocatoria de 2020 para dar apoyo financiero a inversiones industriales. El objetivo es impulsar la reindustrialización y mejorar la competitividad de la industria, en el contexto de la crisis del COVID-19.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 8.000 millones de euros. El Estado, a través del ICO, avala financiación que las entidades financieras conceden a empresas y autónomos para liquidez e inversiones. También amplía hasta el 1 de diciembre de 2020 el plazo para solicitar avales anteriores.