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Modifica varias órdenes de contabilidad pública para crear un documento de seguimiento de gastos financiados con fondos de la Unión Europea, precisar la fecha de gasto en ciertas operaciones e incorporar el código DIR3 del centro gestor y de la unidad tramitadora en los documentos contables.

Aprueba cómo se reparten las funciones entre las divisiones de la Oficina de Informática Presupuestaria, que depende de la Intervención General de la Administración del Estado. Esta oficina se encarga de los sistemas informáticos de presupuestos, contabilidad y control económico del sector público estatal.

Aprueba la distribución de funciones de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA), que se organiza en una Dirección y seis Divisiones. Define los cometidos de la Dirección y de cada División, incluida una nueva dedicada al control de los fondos europeos de recuperación.

Regula el procedimiento para hacer ciertos pagos de la Administración General del Estado a través de agentes mediadores. Obliga a los centros gestores a indicar en los documentos contables si los derechos de cobro son embargables o no. Sustituye a la resolución de 2016 y actualiza las referencias a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Modifica la estructura orgánica del Ministerio de Hacienda para crear una nueva Secretaría General de Fondos Europeos dentro de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. De ella dependerán dos direcciones generales. También ajusta la estructura de las Delegaciones de Economía y Hacienda.

Amplía hasta el 30 de junio de 2021 el periodo en que el control financiero permanente es la única modalidad de control para reconocer el derecho y la obligación de los expedientes del ingreso mínimo vital. El acuerdo surte efectos desde el 1 de enero de 2021.

La Intervención General de la Administración del Estado aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad de los fondos sin personalidad jurídica del artículo 2.2 de la Ley General Presupuestaria para los fondos que cubren riesgos por cuenta del Estado. La norma deroga la adaptación anterior y fija su entrada en vigor.

Establece subvenciones para crear empleo en el trabajo domiciliario de cuidados y para programas de apoyo contra la exclusión social agravada por la COVID-19. También incluye medidas fiscales sobre el canon del agua y medidas administrativas para el sector público catalán.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y fija sus órganos superiores y directivos, como la Secretaría de Estado de Hacienda, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la Subsecretaría y la Intervención General. También modifica otros reales decretos para adaptar sus estructuras.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades de la Seguridad Social. Actualiza la información sobre contratación administrativa que debe figurar en la Memoria y regula el tratamiento contable de entidades mancomunadas y sociedades de prevención de las mutuas colaboradoras.

Establece las instrucciones sobre el contenido, estructura y formato del informe resumen de control interno que elaboran los órganos de control de las entidades locales. También regula cómo solicitar a la Intervención General del Estado el informe previo a la resolución de discrepancias y cómo remitir la información contable y los informes de auditoría de cuentas anuales.

Permite que los actos de recepción de entregas durante el estado de alarma por el COVID-19 se realicen sin la asistencia de los representantes de la Intervención General. La comprobación de la inversión se justifica con un acta o certificado del responsable del centro.

Permite sustituir temporalmente la función interventora por el control financiero permanente en el sector público estatal mientras dure la situación excepcional por el COVID-19. El Interventor General de la Administración del Estado decide a qué expedientes, áreas y organismos se aplica mediante resolución.

Crea y organiza los órganos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: dos secretarías de estado, varias direcciones generales y la subsecretaría. También modifica el real decreto que fija la estructura básica de todos los ministerios.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia hasta el nivel de subdirección general y actualiza la organización interna de la Secretaría de Estado de Justicia. También modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

Establece la organización interna del Ministerio de Sanidad, desde sus órganos superiores hasta las subdirecciones generales, y reparte sus funciones en materia de salud, planificación sanitaria, salud pública, farmacia y ordenación profesional. También modifica la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Igualdad hasta el nivel de subdirección general. Define los órganos superiores y directivos y sus competencias en materia de igualdad, violencia de género y no discriminación.

Desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública hasta el nivel de subdirección general y define las competencias de cada órgano. Incluye la Secretaría de Estado, dos secretarías generales, cinco direcciones generales, la Oficina de Conflictos de Intereses y la Subsecretaría.