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Regula la solución pública de facturación electrónica prevista en el Real Decreto 238/2026. Establece su contenido técnico, el procedimiento para emitir e interconectar facturas, la comunicación de estados de pago y los servicios de consulta y descarga. También fija cómo autenticarse para acceder a ella.

Cambia la dirección electrónica de la sede electrónica de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI). La nueva dirección es https://proteccioninformante.sede.gob.es. La dirección anterior seguirá accesible durante el tiempo necesario para la transición.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Modifica el Real Decreto 960/2022 para regular la concesión directa de una subvención a organismos públicos de protección civil y emergencias de Extremadura, la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Madrid. La ayuda sirve para desarrollar, implementar y validar servicios y comunicaciones 5G para emergencias, dentro del Plan de Recuperación financiado por la Unión Europea.

Cambia la dirección electrónica de la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que pasa a ser https://sede.exteriores.gob.es. La nueva dirección empieza a funcionar tras publicarse en el BOE y un aviso previo de 48 horas en la propia sede.

Actualiza la sede electrónica de la Autoridad Portuaria de Gijón para adaptarla a la Ley 39/2015, la Ley 40/2015 y el Real Decreto 203/2021. Regula su identificación, dirección, contenidos, servicios y los medios para presentar sugerencias y quejas.

Actualiza el Registro Electrónico de la Autoridad Portuaria de Gijón, creado en 2013, para adaptarlo a las leyes de procedimiento administrativo de 2015 y al reglamento de actuación electrónica de 2021. Regula cómo se presentan y reciben solicitudes, escritos y comunicaciones por vía electrónica ante este organismo.

Modifica las bases y la convocatoria de ayudas del Programa único demanda rural para llevar banda ancha de al menos 100 Mbps a zonas rurales remotas sin cobertura suficiente. Actualiza las anualidades de las ayudas y fija la entrada en vigor de los cambios.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

Crea la sede electrónica asociada de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, dependiente del Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado. Fija su dirección, su titularidad y quién gestiona sus contenidos y servicios.

Cambia la dirección electrónica de la sede electrónica de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que pasa a ser https://puertodealgeciras.sede.gob.es. La dirección anterior seguirá activa y redirigirá a la nueva durante seis meses desde su publicación en el BOE.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación cambia la dirección electrónica de su sede electrónica a https://sede.aneca.es/. La nueva dirección será accesible directamente o a través de su portal de internet.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para llevar la cobertura móvil 5G a zonas sin cobertura 4G suficiente. El cambio se enmarca en el Plan de Recuperación y afecta al Programa único 5G redes activas.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para llevar fibra óptica (backhaul) a las antenas de telefonía móvil, dentro del programa «Unico 5G Redes-Backhaul Fibra Óptica». El cambio adapta la norma a la ampliación del plazo de ejecución del Plan de Recuperación aprobada por la Comisión Europea.

Modifica las bases reguladoras de dos programas de ayudas públicas para llevar banda ancha ultrarrápida (gigabit) a todo el territorio, especialmente a zonas rurales. Actualiza estas bases para adaptarlas a los cambios del Plan de Recuperación y a la normativa europea de ayudas de Estado.