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La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Modifica varios reales decretos sobre la Seguridad Social para adaptar la estructura y las competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Ministerio de Inclusión. Actualiza el reparto de competencias en incapacidades laborales y en la gestión de prestaciones, y suprime funciones informáticas de la Secretaría General.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 25/2021, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Autoriza un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19 y financiar las prestaciones. También regula la financiación de ampliaciones de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal y establece que ciertas ayudas públicas no tributen en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de Cataluña contra varios preceptos del Real Decreto-ley 20/2020, que crea el ingreso mínimo vital. La sentencia analiza si el Estado puede asumir la gestión de esta prestación a través del INSS y declara constitucionales los preceptos que le atribuyen esa gestión.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra varios artículos y disposiciones del Real Decreto-ley 20/2020, que establece el ingreso mínimo vital.