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Concede una subvención directa a la Asociación Española para el Registro y Estudio de Malformaciones Congénitas (ASEMERAC) para desarrollar sus funciones y el Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas. El Instituto de Salud Carlos III gestiona la ayuda y fija las condiciones de concesión, pago y justificación.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. Anula varios apartados de los artículos 2, 6 y 8 en lo que se refieren a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una administración autonómica.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación de Víctimas de la Talidomida contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida entre 1950 y 1985. Anula los artículos 2 c), 6.1 h) y 8.2 en la parte que aplican el procedimiento a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una comunidad autónoma.

El Tribunal Supremo corrige un error en la sentencia de 25 de junio de 2024 sobre el recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. La corrección anula los artículos 2.c), 6.1.h) y 8.2 en la parte que se aplicaban a quienes ya habían sido reconocidos como afectados por una Administración.

Aprueba los nuevos Estatutos de la Fundación F.S.P. Instituto de Cultura Gitana, que regulan su naturaleza, fines, órganos de gobierno y régimen económico. La fundación está adscrita al Ministerio de Cultura y Deporte y trabaja en la promoción de la historia, la cultura y la lengua gitanas.

Aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), que pasa a ser el organismo público que elabora y ejecuta las políticas de lucha contra el dopaje. También modifica los estatutos del Consejo Superior de Deportes y del Instituto de Salud Carlos III.

Regula la concesión directa de ocho subvenciones a entidades que desarrollan proyectos de investigación e innovación, entre ellas varias universidades y fundaciones. Establece el procedimiento, las obligaciones de las entidades beneficiarias, la cuantía, el pago y la justificación.

Establece la vigilancia epidemiológica obligatoria de la COVID-19 durante la transición hacia la nueva normalidad. Fija cómo se detectan los casos, cómo se obtienen y comunican los datos y cómo deben informar los laboratorios.

Establece la organización interna del Ministerio de Sanidad, desde sus órganos superiores hasta las subdirecciones generales, y reparte sus funciones en materia de salud, planificación sanitaria, salud pública, farmacia y ordenación profesional. También modifica la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación. Fija sus órganos directivos hasta el nivel de subdirección general y define las competencias de cada uno. También adscribe al ministerio varios órganos colegiados de ciencia e innovación.