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Modifica varias leyes del País Vasco para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas de suelo, urbanismo, vivienda protegida, medio ambiente, turismo y garantía de ingresos. Incluye medidas sobre reservas de vivienda protegida y plazos de tramitación.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Establece medidas urbanísticas urgentes para facilitar la reconstrucción en la Comunitat Valenciana tras los daños de la dana de octubre de 2024. Regula planes especiales de reconstrucción, modificaciones de planeamiento municipal, proyectos de reconstrucción local y reglas de compatibilidad urbanística.

Modifica la Ley 22/1998, de la Carta municipal de Barcelona, para actualizar su régimen especial. La norma cambia el articulado de esa ley y fija cuándo entra en vigor.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid sobre ordenación del territorio, suelo y urbanismo, medio ambiente, energía, agua, bienestar animal y calidad alimentaria. Crea los Planes Territoriales y los Planes Estratégicos Municipales y ajusta trámites y competencias en estas materias.

Esta ley aplica al municipio de Badajoz el régimen de organización de los municipios de gran población previsto en la Ley 7/1985. Badajoz es capital de provincia y su Ayuntamiento lo solicitó por unanimidad. La ley entra en vigor al día siguiente de su publicación.

Modifica la Ley 4/2014 de transportes terrestres de las Illes Balears para regular los servicios de taxi y de vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) de hasta nueve plazas. Establece condiciones de explotación y suspende nuevas autorizaciones.

Modifica la Ley del juego y las apuestas de las Illes Balears y el Reglamento de casinos. También cambia otras normas sobre prestaciones sociales, presupuestos, proyectos industriales, educación y reconocimiento de discapacidad y dependencia.

La ley regula las políticas de juventud en Canarias. Distribuye competencias entre el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y los ayuntamientos, y crea órganos de coordinación y participación juvenil. También ordena la planificación de estas políticas mediante un plan integral y regula servicios de información y formación juvenil.

Modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Cambia la composición de la Comisión de Coordinación para incluir representantes de las jefaturas de los cuerpos y fija un número mínimo de efectivos, entre otros ajustes.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Cambia el nombre oficial de la comarca aragonesa: elimina el artículo «La» y pasa a denominarse Comarca de Ribagorza. También sustituye la «Comisión Consultiva de Alcaldes» por el «Consejo General de Ribagorza» en la ley de creación de la comarca.

Modifica la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda y el libro quinto del Código civil de Cataluña. Permite a ayuntamientos y comunidades de propietarios actuar cuando grandes tenedores no desocupan viviendas ocupadas ilegalmente y esto altera la convivencia vecinal.

Autoriza al Gobierno Vasco a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para integrar el Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela en la red de centros públicos de enseñanza dependiente del Departamento de Educación.

Modifica la Ley de Administración Local de La Rioja para permitir que los concejales participen y voten de forma telemática en los órganos municipales cuando no puedan asistir presencialmente por circunstancias extraordinarias. Añade los artículos que regulan ese procedimiento y habilita su desarrollo reglamentario.

Modifica la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para cambiar qué actuaciones urbanísticas necesitan licencia y cuáles pasan a comunicación previa o declaración responsable. También fija un régimen transitorio y obliga a adaptar las ordenanzas municipales.