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Regula la concesión directa de subvenciones del Estado a los ayuntamientos de Bilbao, San Fernando y Miranda de Ebro para sostener el transporte público urbano. Estas ayudas compensan el descuento de al menos el 50% en abonos y títulos multiviaje aplicado desde el 1 de enero de 2023.

Regula la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de las ciudades de la Red Innpulso para cofinanciar la incorporación o el mantenimiento de agentes locales de innovación. Establece las entidades beneficiarias, los gastos subvencionables, los porcentajes de cofinanciación, la cuantía y el procedimiento de concesión.

Regula cómo las entidades locales piden al Estado la compensación por la pérdida de recaudación del IBI rústico de 2023. La exención beneficia a titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido una reducción de su rendimiento neto.

Modifica la Ley del juego y las apuestas de las Illes Balears y el Reglamento de casinos. También cambia otras normas sobre prestaciones sociales, presupuestos, proyectos industriales, educación y reconocimiento de discapacidad y dependencia.

La ley regula las políticas de juventud en Canarias. Distribuye competencias entre el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y los ayuntamientos, y crea órganos de coordinación y participación juvenil. También ordena la planificación de estas políticas mediante un plan integral y regula servicios de información y formación juvenil.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos tras la jurisprudencia constitucional. La sentencia concluye que el Gobierno justificó suficientemente la extraordinaria y urgente necesidad de la reforma.

Concede un suplemento de crédito de 1.317.427 euros en el presupuesto de 2023 del Departamento de Cohesión Territorial de Navarra. Se destina a cubrir el déficit de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y a pagar al Ayuntamiento de Petilla de Aragón el arrendamiento de una finca.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, que adaptó la Ley de Haciendas Locales a su jurisprudencia sobre el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos (plusvalía municipal). La sentencia analiza si la norma cumple los límites del decreto-ley.

Modifica la norma que regula la entrega a los Ayuntamientos de tramos de carreteras estatales que pasan a ser vías urbanas. Permite que, mediante convenio, se acuerde otro reparto de tareas para ejecutar y recibir las obras, y aclara que también cabe ceder la vía sin compromisos económicos adicionales.

Modifica el Real Decreto 1799/2003 para adaptar las listas electorales y las copias del censo electoral al voto de los españoles en el extranjero. Elimina la solicitud previa del voto y añade la oficina consular en los ficheros de escrutinio.

Modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Cambia la composición de la Comisión de Coordinación para incluir representantes de las jefaturas de los cuerpos y fija un número mínimo de efectivos, entre otros ajustes.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Cambia el nombre oficial de la comarca aragonesa: elimina el artículo «La» y pasa a denominarse Comarca de Ribagorza. También sustituye la «Comisión Consultiva de Alcaldes» por el «Consejo General de Ribagorza» en la ley de creación de la comarca.

Modifica la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda y el libro quinto del Código civil de Cataluña. Permite a ayuntamientos y comunidades de propietarios actuar cuando grandes tenedores no desocupan viviendas ocupadas ilegalmente y esto altera la convivencia vecinal.

Establece cómo deben enviar los ayuntamientos al Ministerio de Hacienda los datos de su esfuerzo fiscal de 2021, necesarios para calcular su participación en los tributos del Estado de 2023. Fija el plazo hasta el 30 de junio de 2023 y la forma de envío telemático con firma electrónica.

Modifica las instrucciones a los Ayuntamientos sobre el Padrón municipal para adaptarlas a cambios del Código Civil. Exige el consentimiento de ambos progenitores o autorización judicial para empadronar a un menor con un solo progenitor. También ajusta el tratamiento de las personas con discapacidad.

Regula cómo los ayuntamientos piden al Estado que les compense por las cuotas de IBI y de IAE que dejan de cobrar en 2022. Estos beneficios fiscales se aplican a inmuebles y negocios dañados por los incendios forestales de junio, julio y agosto de 2022.