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Modifica la Ley de Juventud del País Vasco en lo relativo a las actividades de tiempo libre infantil y juvenil. Cambia la comunicación previa por una declaración responsable, exige certificado negativo de delitos sexuales al personal y regula el reconocimiento oficial de servicios y equipamientos. También revisa el régimen de infracciones.

Modifica dos leyes forales de Navarra sobre transparencia y buen gobierno y sobre la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Incluye a esta Oficina entre los sujetos obligados por la ley de transparencia y ajusta las obligaciones de publicidad activa. También regula los grupos de interés y el mandato de los miembros del Consejo de Transparencia.

Regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que fija las ayudas y líneas de financiación del Estado en materia de vivienda. Incluye subvenciones para aumentar la vivienda social y asequible, para rehabilitar edificios y mejorar la accesibilidad, y para reducir el esfuerzo económico de pagar la vivienda y facilitar la emancipación de los jóvenes.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Modifica la Ley 18/2017 de comercio, servicios y ferias y el Decreto-ley 1/2009 de equipamientos comerciales de Cataluña. Actualiza la regulación de la actividad comercial, los establecimientos y la planificación territorial de los equipamientos comerciales.

Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, vivienda protegida, barrios y equipamientos comerciales.

Modifica la resolución de 2005 sobre inspección y control del transporte de mercancías peligrosas por carretera para adaptarla a la Directiva Delegada (UE) 2025/1801. Actualiza los anexos I y II: la lista de control en carretera y la clasificación de infracciones en tres categorías de riesgo.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Plan estatal para controlar que los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados usados en España se hayan obtenido legalmente. El plan desarrolla el Protocolo de Nagoya y el Reglamento (UE) n.º 511/2014.

Modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea. Reúne en un solo órgano la participación de las administraciones en asuntos ambientales de aeropuertos, simplifica la placa identificativa de las aeronaves y actualiza el régimen de servidumbres aeronáuticas y planes directores.

Fija el 1 de septiembre de 2025 como fecha de inicio de actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hasta el 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le seguirá prestando servicios de personal, logística, contratación, informática y web.

Amplía las funciones de la Administración del Estado traspasadas a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, aprobando el Acuerdo de la Junta de Transferencias de 25 de marzo de 2025.

Establece medidas urgentes para contener los precios del alquiler de viviendas en Cataluña. Regula el régimen de contención de rentas en los contratos de arrendamiento, con un articulado que desarrolla esta materia y una disposición transitoria para situaciones existentes.

Modifica los Estatutos de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que promueve la libertad religiosa y puede dar subvenciones a confesiones religiosas no católicas con acuerdo de cooperación o declaración de notorio arraigo. También cambia el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Establece el procedimiento sancionador para las infracciones por incumplimiento de las obligaciones de las estadísticas de comercio internacional de bienes dentro de la Unión Europea (INTRASTAT). Fija los órganos competentes, el procedimiento, los plazos y los criterios para calificar las infracciones y graduar las sanciones.