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Crea el Comité de Integridad del Ministerio de Hacienda y fija su composición y funciones. También regula el Comité Antifraude y la Comisión del Sistema Interno de Información, y cómo se coordinan estos tres órganos.

Vuelve a introducir en el ordenamiento las modificaciones sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España y sobre la publicidad de los créditos revolving que el Tribunal Supremo anuló por un defecto de procedimiento. Regula de nuevo el contenido de los informes de riesgos y los criterios del ejemplo representativo en la publicidad de estos créditos.

Crea y regula el Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales (SIESS), un sistema para recoger y compartir datos e estadísticas sobre servicios sociales entre las administraciones. Fija sus principios y reparte las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

Aprueba la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para su administración electrónica. Fija principios, responsables y obligaciones para proteger la información y los sistemas, conforme al Esquema Nacional de Seguridad.

Aprueba el modelo informativo que debe presentarse cada doce meses para cada categoría y tipo de arrendamiento de corta duración, en aplicación del Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. El modelo incluye un listado anonimizado de los arrendamientos constituidos y la identificación de la finalidad temporal del arrendamiento.

Modifica la Orden HAP/2105/2012, que regula qué información deben enviar las comunidades autónomas y las entidades locales sobre sus cuentas. Añade nuevos datos a remitir, como los planes presupuestarios a medio plazo, los pasivos contingentes ligados a catástrofes y clima y la incidencia en déficit y deuda de determinados organismos y fondos. Incorpora así al derecho interno la Directiva (UE) 2024/1265.

Aprueba la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Fija principios, normas y una estructura de responsables para proteger los sistemas, las comunicaciones y los datos personales en la administración digital del Ministerio.

Establece cómo se hacen por medios electrónicos, informáticos y telemáticos las actuaciones en los procedimientos de aplicación de los tributos que tramita la Dirección General de Tributos. También prevé la aprobación de un formulario para presentar consultas y de un modelo de representación voluntaria.

Modifica varios aspectos de la normativa que regula la producción de energía eléctrica con fuentes renovables, cogeneración y residuos. Ajusta la regulación de la garantía del origen de la electricidad procedente de estas fuentes.

Regula cómo las instituciones de inversión colectiva pueden prestar temporalmente valores y otros instrumentos financieros de su cartera. Fija reglas, límites, garantías y obligaciones de control e información para gestoras, sociedades de inversión y depositarios.

Fija el 1 de septiembre de 2025 como fecha de inicio de actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hasta el 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le seguirá prestando servicios de personal, logística, contratación, informática y web.

Aprueba los modelos de información cuantitativa que las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y sus grupos, deben enviar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con fines de supervisión, estadísticos y contables. Fija modelos trimestrales, anuales y semestrales y deroga las órdenes anteriores que regulaban estos envíos.

Establece el procedimiento para elaborar la Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación. La Comisión Permanente contra la Desinformación dirigirá el proceso mediante un grupo de trabajo técnico, con aportaciones de comunidades autónomas y expertos.

Modifica la Orden EHA/2043/2010 para regular cómo las entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado envían sus cuentas anuales a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Incluye a las entidades no auditadas por la IGAE, a las filiales en el extranjero y a las sociedades y fondos de capital riesgo. También hace opcional el informe del artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria en la formulación.

Aprueba los nuevos modelos para que corredores de seguros, corredores de reaseguros, agentes de seguros vinculados y operadores de banca-seguros envíen cada año su información estadístico-contable a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Estos modelos sustituyen a los anteriores y se adaptan a la normativa vigente de distribución de seguros.