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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 29/2021, que adopta medidas urgentes en el ámbito energético para fomentar la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 24/2021, que traspone varias directivas de la Unión Europea. Las materias son bonos garantizados, fondos de inversión transfronterizos, datos abiertos del sector público, derechos de autor en línea, exenciones temporales a importaciones y suministros, derechos de las personas consumidoras y promoción de vehículos de transporte por carretera limpios.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2021, de medidas urgentes en materia de energía. La norma busca proteger a los consumidores y dar transparencia a los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural.

Fija las condiciones para comunicar al Catastro cambios en inmuebles: nuevas construcciones, ampliaciones, reformas, demoliciones y cambios de uso, siempre que exista licencia o autorización equivalente. También regula la comunicación de otras alteraciones cuando no encajan en los supuestos ya previstos.

Aprueba el procedimiento para que los consumidores electrointensivos envíen al operador del sistema su previsión de consumo eléctrico y para calcular su precisión. También regula cómo obtienen la certificación de que disponen de los equipos y sistemas necesarios.

Fija las condiciones para que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social puedan aplicar coeficientes especiales al gestionar la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas. Define cuándo existe insuficiencia financiera y cuándo se debe a circunstancias estructurales.

Establece el sistema de información por el que los laboratorios y centros sanitarios deben enviar diariamente a las comunidades autónomas los datos de las pruebas diagnósticas de COVID-19, y estas al Ministerio de Sanidad. La información se usa para la vigilancia epidemiológica y para emitir certificados de pruebas y de recuperación.

Establece las normas para aplicar en 2021 el plan de recuperación del atún rojo en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo. Fija la cuota española y su reparto entre los distintos tipos de flota y almadrabas.

Publica la norma técnica que indica cómo debe actuar el auditor de cuentas ante los estados financieros presentados en el Formato Electrónico Único Europeo (FEUE). También modifica la NIA-ES 700 (revisada) para incluir en el informe de auditoría la opinión sobre ese formato.

Modifica la resolución que regula las cuentas anuales de los fondos sin personalidad jurídica para adaptarla a la nueva redacción del artículo 136.3 de la Ley General Presupuestaria. Desde ahora, la Intervención General publica en el BOE el 31 de julio una referencia al Registro de cuentas anuales del sector público, en lugar de los resúmenes de las cuentas. Deroga tres resoluciones anteriores que fijaban el contenido mínimo de esa información.

Aprueba las normas técnicas para incluir la representación gráfica de inmuebles (planos y coordenadas) en los documentos notariales. Busca que la descripción escrita del inmueble coincida con la descripción gráfica del Catastro.