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Fija el 1 de septiembre de 2025 como fecha de inicio de actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hasta el 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le seguirá prestando servicios de personal, logística, contratación, informática y web.

Establece reglas y procedimientos para proteger la información clasificada que intercambien el Centro Nacional de Inteligencia de España y la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado de Uruguay. Fija definiciones, autoridades competentes, niveles de clasificación, formas de manejo, transmisión, visitas y resolución de controversias.

Aprueba medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico tras el cero de tensión del 28 de abril de 2025. Incluye mandatos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al operador del sistema, reglas sobre almacenamiento, flexibilidad, autoconsumo y electrificación, y cambios en la planificación y autorización de instalaciones eléctricas.

Establece un marco para que España y Catar intercambien información clasificada y la protejan. Fija definiciones, autoridades competentes, grados de clasificación equivalentes, medidas de seguridad, habilitaciones, visitas y gestión de incidentes.

Establece un acuerdo entre autoridades fiscales de distintos países para intercambiar automáticamente información sobre criptoactivos. Los proveedores de servicios de criptoactivos deberán identificar a sus clientes y comunicar datos a su autoridad fiscal, que los enviará a otros países.

Crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y regula su estructura y funcionamiento. Establece la obligación de calcular la huella de carbono y elaborar y publicar planes de reducción de emisiones para determinadas empresas.

Establece las instrucciones técnicas para que los operadores de puntos de recarga eléctrica de acceso público envíen información dinámica (localización, características, disponibilidad y precio) al Sistema de Gestión y Visualización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, gestionado provisionalmente por Red Eléctrica de España.

Aprueba cambios en varios procedimientos de operación del sistema eléctrico para aplicar la liquidación de desvíos en periodos de quince minutos. El operador del sistema calculará y publicará la medida cuarto-horaria de las unidades de programación a partir de datos de contador o por interpolación lineal.

Aprueba los modelos de información cuantitativa que las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y sus grupos, deben enviar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con fines de supervisión, estadísticos y contables. Fija modelos trimestrales, anuales y semestrales y deroga las órdenes anteriores que regulaban estos envíos.

Establece el procedimiento para elaborar la Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación. La Comisión Permanente contra la Desinformación dirigirá el proceso mediante un grupo de trabajo técnico, con aportaciones de comunidades autónomas y expertos.

Actualiza la escala de infracciones sobre jornadas de trabajo de los conductores de transporte por carretera para incorporar la Directiva Delegada (UE) 2024/846. Sustituye el anexo III de la Resolución de 18 de marzo de 2022 y clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves.

Establece cómo se organiza España para elaborar y comunicar los datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes del aire. Regula el inventario nacional, las proyecciones, las políticas y medidas, y los informes que se envían a la Unión Europea y a organismos internacionales.

Modifica los Estatutos de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que promueve la libertad religiosa y puede dar subvenciones a confesiones religiosas no católicas con acuerdo de cooperación o declaración de notorio arraigo. También cambia el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Modifica la Orden EHA/2043/2010 para regular cómo las entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado envían sus cuentas anuales a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Incluye a las entidades no auditadas por la IGAE, a las filiales en el extranjero y a las sociedades y fondos de capital riesgo. También hace opcional el informe del artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria en la formulación.

Establece el procedimiento sancionador para las infracciones por incumplimiento de las obligaciones de las estadísticas de comercio internacional de bienes dentro de la Unión Europea (INTRASTAT). Fija los órganos competentes, el procedimiento, los plazos y los criterios para calificar las infracciones y graduar las sanciones.

Adapta el Plan General de Contabilidad Pública de la Administración General del Estado a los cambios de la Orden HAC/965/2024 sobre pagos a justificar. También regula cómo se contabilizan estos pagos en las entidades de la Administración Institucional del Estado.