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Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Amplía el plazo durante el cual los gestores de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica pueden expedir notificaciones operacionales limitadas, previsto en el Real Decreto 647/2020. También modifica el anexo IV de ese real decreto, que recoge la información para solicitar la notificación operacional de módulos de generación conectados a la red de distribución.

Informa de que el Acuerdo relativo a los controles de exportación en el ámbito de defensa, firmado en París el 17 de septiembre de 2021, entró en vigor con carácter general y para España el 9 de junio de 2022. Desde esa fecha termina su aplicación provisional por España.

Establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos basado en sus ingresos reales, con tramos de bases y cuotas según rendimientos. También mejora la protección por cese de actividad y prevé una aplicación gradual entre 2023 y 2025.

Establece un complemento de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 2022. También cambia la fecha de entrada en vigor de obligaciones de las entidades que declaran a la Central de Información de Riesgos del Banco de España y modifica varias órdenes sobre crédito revolvente, publicidad bancaria y transparencia.

El acuerdo permite que la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares envíe datos sismológicos e hidroacústicos al Instituto Geográfico Nacional. El Instituto los usará solo para emitir alertas de tsunamis y los tratará de forma confidencial.

Establece medidas urgentes en Cataluña para paliar los efectos del conflicto de Ucrania, como agilizar proyectos de energías renovables y flexibilizar plantas solares en suelo agrícola y forestal. También actualiza medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 en sanidad, servicios sociales y vivienda.

Crea el Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional como órgano colegiado de colaboración público-privada, adscrito al Departamento de Seguridad Nacional. Regula su composición, sus órganos (Presidencia, Vicepresidencia, Pleno y Secretaría) y su funcionamiento.

Modifica la Orden HAC/1398/2003, que regula la colaboración social en la gestión de los tributos. Amplía esa colaboración a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios.

Establece el contenido y el formato con los que las empresas distribuidoras de energía eléctrica deben presentar sus planes de inversión anuales y plurianuales a la Secretaría de Estado de Energía. Incluye la identificación de proyectos con fondos del Plan de Recuperación y de actuaciones para ampliar la capacidad de la red.

Aprueba los modelos de notificación de participaciones significativas, de operaciones del emisor sobre acciones propias y de creadores de mercado. Incluye en el modelo de participaciones significativas los derechos de voto doble por lealtad creados por la Ley 5/2021. Deroga la Circular 8/2015, de 22 de diciembre, de la CNMV.

Modifica la normativa que regula los contratos de compraventa de leche y el reconocimiento de organizaciones de productores e interprofesionales del sector lácteo. Aclara obligaciones de contrato según dónde esté el comprador, fija un plazo para rechazar ofertas de contrato y precisa reglas sobre tolerancias, adendas y contratos simultáneos.

Regula los criterios de sostenibilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que deben cumplir los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. También crea el sistema de garantías de origen para el gas procedente de fuentes renovables.

Establece el modelo y el formato con los que las empresas distribuidoras de energía eléctrica deben enviar al Ministerio información sobre los cortes de suministro que realizan en viviendas habituales de personas físicas con potencia contratada de hasta 10 kW. La información se envía cada trimestre a través de la aplicación GECOS.