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Regula cómo se gestiona la baja médica por incapacidad temporal del personal de la Guardia Civil. Establece la estructura de la Sanidad del cuerpo, los trámites de los partes médicos, la inspección y control de las bajas y las retribuciones durante ese periodo.

Regula el procedimiento previo para decidir en qué grupos o actividades profesionales se permite anticipar la edad de jubilación aplicando coeficientes reductores. Estos supuestos son trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres con altos índices de morbilidad o mortalidad. También se aplica a los trabajadores autónomos.

Regula los reconocimientos médicos de aptitud para el embarque y la protección de la salud de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero. Establece los tipos de reconocimiento, los requisitos, los certificados médicos y su vigencia, y la organización de los centros de sanidad marítima.

Modifica la norma que regula la gestión y control de la incapacidad temporal en sus primeros 365 días. Suprime la entrega a la persona trabajadora de la copia en papel del parte médico destinada a la empresa y su presentación por esta. La comunicación de los partes y de los datos necesarios pasa a hacerse por medios electrónicos entre la administración y la empresa.

Actualiza las cuantías de varias tablas del sistema de valoración de daños y perjuicios a personas en accidentes de circulación, en concreto las de lucro cesante y ayuda de tercera persona. También modifica el Real Decreto 1060/2015 para actualizar importes en euros del régimen especial de solvencia de aseguradoras.

Modifica dos reglamentos de la Seguridad Social para adaptar los trámites de afiliación, alta, baja y cotización de los trabajadores autónomos. Refuerza la vía electrónica y permite cambiar las bases de cotización con más frecuencia dentro del año.

Modifica varios reales decretos sobre la Seguridad Social para adaptar la estructura y las competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Ministerio de Inclusión. Actualiza el reparto de competencias en incapacidades laborales y en la gestión de prestaciones, y suprime funciones informáticas de la Secretaría General.