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Establece las medidas mínimas de seguridad y salud para los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Regula las obligaciones de las empresas, los límites de exposición, la vigilancia de la salud, los registros y el reconocimiento de laboratorios especializados.

Concede de forma directa dos subvenciones: una a la Universidad Politécnica de Madrid y otra al Servicio de Salud del Principado de Asturias, para actuaciones en materia de seguridad minera. Regula el procedimiento, las obligaciones de las entidades beneficiarias, la cuantía, el pago y la justificación.

Establece las reglas prácticas para aplicar el Protocolo de coordinación de la Seguridad Social entre España y el Reino Unido respecto a Gibraltar. Regula formularios, prestaciones sanitarias, accidentes de trabajo, pensiones, desempleo y reembolsos entre instituciones.

Establece los criterios y prioridades que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social deben seguir en 2027 al planificar sus actividades preventivas. Incluye programas de asesoramiento técnico a pymes y a empresas de sectores con más siniestralidad, y actuaciones alineadas con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.

Fija la revalorización de las pensiones públicas para 2026 en un 2,7 %, el valor medio de la variación del IPC de los doce meses previos a diciembre. También actualiza el límite de la cuantía inicial de las pensiones y las bases de cotización de la Seguridad Social.

Regula cómo se pide y se reconoce la compensación económica para las víctimas del amianto, creada por la Ley 21/2022. Fija quiénes pueden cobrarla, cómo se solicita el certificado de patologías y cómo el Instituto Nacional de la Seguridad Social tramita, resuelve y paga la compensación.

Regula la concesión directa de dos subvenciones: una a la Universidad Politécnica de Madrid y otra al Servicio de Salud del Principado de Asturias, para actuaciones en materia de seguridad minera. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, las obligaciones, la cuantía, el pago y la justificación.

Establece la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social que las mutuas colaboradoras deben desarrollar en 2026. Fija criterios y prioridades, con especial atención a pequeñas empresas y sectores con mayor siniestralidad en 2024.

Establece la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social que las mutuas colaboradoras deben desarrollar en 2025. Fija criterios y prioridades, con especial atención a las pequeñas empresas y a los sectores con más accidentes de trabajo en 2023.

Actualiza las cantidades fijas que se pagan como indemnización por lesiones, mutilaciones y deformidades definitivas que no causan incapacidad permanente, sufridas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. La actualización sigue la evolución del Índice de Precios de Consumo entre diciembre de 2011 y diciembre de 2022.

La ley regula la política de empleo en España: sus objetivos, planificación y gobernanza, la creación de la Agencia Española de Empleo y el funcionamiento de los servicios públicos de empleo. También ordena las políticas activas de empleo, la intermediación laboral y los servicios para personas desempleadas y empresas.

Regula el procedimiento para reconocer los derechos por enfermedad profesional y por accidente en acto de servicio del personal incluido en el mutualismo administrativo gestionado por la Mutualidad General Judicial. Establece cómo se inicia y tramita el expediente para averiguar las causas y la relación con el servicio, y los plazos para resolver.

Crea un fondo de compensación para las personas que sufren enfermedades causadas por el amianto. El fondo paga compensaciones sin necesidad de demostrar culpa y se financia con recursos económicos previstos en la ley. Regula quiénes pueden beneficiarse y cómo se tramitan las solicitudes.

Modifica dos reglamentos de la Seguridad Social para adaptar los trámites de afiliación, alta, baja y cotización de los trabajadores autónomos. Refuerza la vía electrónica y permite cambiar las bases de cotización con más frecuencia dentro del año.

Modifica el Real Decreto 665/1997, que protege a los trabajadores frente a los riesgos de exponerse a agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo. La norma adapta la regulación española al derecho de la Unión Europea.

Regula el trabajo a distancia y el teletrabajo en las empresas. Establece que debe haber un acuerdo escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija derechos como formación, equipos, compensación de gastos, horario flexible, desconexión digital y protección de datos.

Fija las cuantías de las indemnizaciones para las personas que sufren accidentes al colaborar en la extinción de incendios forestales. Incluye pagos por muerte o incapacidad y la asistencia médica y hospitalaria hasta la curación. También establece las tarifas de primas del seguro y su compatibilidad con otros seguros.

Reforma el complemento por maternidad en las pensiones para convertirlo en un complemento para reducir la brecha de género, que pueden cobrar también los hombres. Además modifica el ingreso mínimo vital, la incapacidad temporal del personal sanitario y amplía plazos de moratorias hipotecarias y avales públicos.

Regula el trabajo a distancia en las empresas, incluyendo el teletrabajo. Establece que debe ser voluntario y acordarse por escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija los derechos de quien trabaja fuera del centro de trabajo.