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Establece las medidas mínimas de seguridad y salud para los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Regula las obligaciones de las empresas, los límites de exposición, la vigilancia de la salud, los registros y el reconocimiento de laboratorios especializados.

Concede de forma directa dos subvenciones: una a la Universidad Politécnica de Madrid y otra al Servicio de Salud del Principado de Asturias, para actuaciones en materia de seguridad minera. Regula el procedimiento, las obligaciones de las entidades beneficiarias, la cuantía, el pago y la justificación.

Establece las reglas prácticas para aplicar el Protocolo de coordinación de la Seguridad Social entre España y el Reino Unido respecto a Gibraltar. Regula formularios, prestaciones sanitarias, accidentes de trabajo, pensiones, desempleo y reembolsos entre instituciones.

Establece los criterios y prioridades que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social deben seguir en 2027 al planificar sus actividades preventivas. Incluye programas de asesoramiento técnico a pymes y a empresas de sectores con más siniestralidad, y actuaciones alineadas con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, que trata la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de Seguridad Social. La convalidación se acuerda conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Fija la revalorización de las pensiones públicas para 2026 en un 2,7 %, el valor medio de la variación del IPC de los doce meses previos a diciembre. También actualiza el límite de la cuantía inicial de las pensiones y las bases de cotización de la Seguridad Social.

Regula cómo se pide y se reconoce la compensación económica para las víctimas del amianto, creada por la Ley 21/2022. Fija quiénes pueden cobrarla, cómo se solicita el certificado de patologías y cómo el Instituto Nacional de la Seguridad Social tramita, resuelve y paga la compensación.

Regula la concesión directa de dos subvenciones: una a la Universidad Politécnica de Madrid y otra al Servicio de Salud del Principado de Asturias, para actuaciones en materia de seguridad minera. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, las obligaciones, la cuantía, el pago y la justificación.

Establece la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social que las mutuas colaboradoras deben desarrollar en 2026. Fija criterios y prioridades, con especial atención a pequeñas empresas y sectores con mayor siniestralidad en 2024.

Establece la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social que las mutuas colaboradoras deben desarrollar en 2025. Fija criterios y prioridades, con especial atención a las pequeñas empresas y a los sectores con más accidentes de trabajo en 2023.

España se adhiere al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en la agricultura, adoptado en Ginebra el 21 de junio de 2001. El Convenio establece obligaciones para prevenir accidentes y enfermedades laborales en el sector agrícola.

Actualiza las cantidades fijas que se pagan como indemnización por lesiones, mutilaciones y deformidades definitivas que no causan incapacidad permanente, sufridas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. La actualización sigue la evolución del Índice de Precios de Consumo entre diciembre de 2011 y diciembre de 2022.

La ley regula la política de empleo en España: sus objetivos, planificación y gobernanza, la creación de la Agencia Española de Empleo y el funcionamiento de los servicios públicos de empleo. También ordena las políticas activas de empleo, la intermediación laboral y los servicios para personas desempleadas y empresas.

Regula el procedimiento para reconocer los derechos por enfermedad profesional y por accidente en acto de servicio del personal incluido en el mutualismo administrativo gestionado por la Mutualidad General Judicial. Establece cómo se inicia y tramita el expediente para averiguar las causas y la relación con el servicio, y los plazos para resolver.

Crea un fondo de compensación para las personas que sufren enfermedades causadas por el amianto. El fondo paga compensaciones sin necesidad de demostrar culpa y se financia con recursos económicos previstos en la ley. Regula quiénes pueden beneficiarse y cómo se tramitan las solicitudes.

Modifica dos reglamentos de la Seguridad Social para adaptar los trámites de afiliación, alta, baja y cotización de los trabajadores autónomos. Refuerza la vía electrónica y permite cambiar las bases de cotización con más frecuencia dentro del año.

Modifica el Real Decreto 665/1997, que protege a los trabajadores frente a los riesgos de exponerse a agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo. La norma adapta la regulación española al derecho de la Unión Europea.

Actualiza los anexos I y II del Real Decreto 664/1997, que regula la protección de los trabajadores frente a agentes biológicos en el trabajo. La actualización adapta la clasificación de estos agentes al progreso técnico y a la normativa europea.

Regula el trabajo a distancia y el teletrabajo en las empresas. Establece que debe haber un acuerdo escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija derechos como formación, equipos, compensación de gastos, horario flexible, desconexión digital y protección de datos.