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Establece dos nuevas cualificaciones profesionales de la familia Agraria y las incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. También actualiza, suprime y modifica parcialmente otras cualificaciones agrarias ya existentes en ese catálogo.

Modifica para 2021 el plazo para comunicar a la Administración las cesiones de derechos de ayuda del régimen de pago básico de la Política Agrícola Común. Fija el inicio de ese plazo el 1 de noviembre, con un calendario adaptado a la campaña 2021 como año de transición.

Regula la concesión directa de subvenciones a la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y a Cooperativas Agroalimentarias de España para poner en marcha un programa de visitas formativas para jóvenes agricultores y ganaderos. El programa incluye visitas a explotaciones modelo para facilitar la formación de los jóvenes.

Declara que las ayudas del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019 se aplican a varias situaciones catastróficas ocurridas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Estas ayudas son subvenciones para que las entidades locales reparen infraestructuras y servicios dañados.

La ley regula la recuperación y protección del Mar Menor, en la Región de Murcia. Crea órganos de coordinación y asesoramiento, y fija normas sobre urbanismo, vertidos, agricultura, ganadería, pesca, puertos, turismo y minería en su entorno. Incluye un régimen sancionador.

Regula la concesión directa de varias subvenciones en materia agroalimentaria y pesquera. Fija los beneficiarios, las actuaciones y gastos subvencionables, las cuantías, el pago y la justificación, y las obligaciones de las entidades que reciben el dinero.

Establece las bases para conceder subvenciones estatales al sector del porcino ibérico en 2020. Regula quién puede solicitarlas, qué animales son subvencionables, cómo se convocan y tramitan, y cómo se calculan y pagan las ayudas.

Adapta las condiciones y plazos de las subvenciones a proyectos de innovación agrícola de los grupos operativos de la AEI-Agri, para que los beneficiarios puedan modificar sus actuaciones y cronogramas por el estado de alarma del COVID-19.

Acuerda que no se suspendan los plazos fijados por la Orden APA/377/2020 para la campaña agrícola de 2020. Esa orden había ampliado hasta el 15 de junio el plazo para presentar la solicitud única de ayudas de la Política Agrícola Común.

Establece las bases para dar subvenciones a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que sufrieron daños en su producción por temporales y otras catástrofes, y convoca estas ayudas para 2020. Se aplica a las zonas declaradas afectadas por emergencia de protección civil.

Establece las bases para dar subvenciones a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas por daños en elementos de la explotación causados por temporales y otras catástrofes, y convoca las ayudas del ejercicio 2020. Regula requisitos, solicitud, cálculo de la ayuda y reintegro.

Establece las bases para subvencionar el coste de los avales de SAECA que necesitan los titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía y otras situaciones excepcionales para obtener préstamos con los que financiar sus explotaciones. Además, convoca estas subvenciones para el ejercicio 2020.

Amplía para 2020 los plazos de presentación de la solicitud única de ayudas de la Política Agrícola Común y de sus modificaciones, así como otros plazos de los reales decretos que regulan su aplicación en España. La solicitud única podrá presentarse hasta el 15 de junio de 2020 y las modificaciones hasta el 30 de junio de 2020.

Reduce para 2019 los índices de rendimiento neto del método de estimación objetiva del IRPF en actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales. Los nuevos índices se recogen en un anexo, ordenados por comunidad autónoma, provincia, ámbito territorial y actividad.

Amplía hasta el 15 de mayo de 2020, incluido, el plazo para presentar la solicitud única de las ayudas de la PAC del año 2020. El plazo habitual terminaba el 30 de abril. La medida se debe a las restricciones de movimiento del estado de alarma por el COVID-19.

Establece las normas básicas de sanidad animal para las especies cinegéticas que pueden transmitir la tuberculosis al ganado y a las personas. Clasifica los terrenos de caza según su riesgo y fija obligaciones de vigilancia, control y traslado de animales.