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Crea una Mesa Delegada de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado para el personal de la Administración de Justicia no transferido. También modifica el anexo sobre número de miembros y composición de las mesas delegadas.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptarla al nuevo Registro Civil único, informatizado y electrónico, y cambia el Código Penal para completar la trasposición de una directiva europea contra el blanqueo de capitales. Los letrados de la Administración de Justicia en servicio activo serán los encargados del Registro Civil.

Publica un acuerdo entre España y el Consejo de Europa para que un juez español trabaje en comisión de servicio en el Consejo de Europa, en Estrasburgo. El acuerdo fija el puesto, la duración y las condiciones de esa adscripción.

Crea una Unidad Administrativa en la Administración de Justicia para apoyar a los juzgados de lo social, mercantil y contencioso-administrativo. Esta unidad forma parte del plan de refuerzo de la Justicia frente al COVID-19 y se ocupa de tareas administrativas de apoyo.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Activa la fase 3 del Plan de Desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 9 de junio de 2020. Esta fase busca alcanzar el 100% del trabajo de los efectivos de cada centro de destino, con criterios sobre turnos de tarde, teletrabajo y personal de especial sensibilidad.

Activa la Fase 2 del Plan de desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 26 de mayo de 2020. También modifica el Esquema de Seguridad Laboral sobre el uso de mascarillas y los partes de baja y alta por coronavirus.

Aprueba las medidas de seguridad laboral frente al COVID-19 y un plan de desescalada por fases para la Administración de Justicia. Activa la Fase I desde el 12 de mayo de 2020 y fija criterios para el trabajo en turnos de tarde.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.

Encarga al Ministro de Justicia coordinar en todo el Estado la actividad de los funcionarios de la Administración de Justicia durante el estado de alarma por el COVID-19. También coordina los servicios de los colegios profesionales, como el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita.