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Reconoce la condición de agente de la autoridad al personal funcionario y directivo que trabaja en régimen interior y rehabilitación en centros penitenciarios de Cataluña. Regula esta atribución y la obligación de la Administración de indemnizar lesiones y daños materiales sufridos en el ejercicio de sus funciones.

Fija los aumentos de retribuciones del personal del sector público de Aragón: un 2,5 % en 2025 y un 1,5 % en 2026, con un 0,5 % adicional en 2026 si el IPC sube al menos un 1,5 %. Incluye un suplemento de crédito y autoriza operaciones de endeudamiento para financiarlo.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

Crea en Andalucía cuatro cuerpos de Agentes Medioambientales (Superior, Ejecutivo, Técnico y Operativo) y regula sus funciones, facultades, acceso, formación, medios y organización. También los integra en el sistema de emergencias 112 y fija su régimen disciplinario.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

La ley regula los proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears: qué son, qué requisitos deben cumplir y cómo se aprueban. Su objetivo es obtener suelo para construir vivienda y agilizar los trámites urbanísticos.

Modifica el artículo 87 de la Ley de Función Pública de la Comunidad de Madrid sobre el personal funcionario interino. Permite ampliar hasta doce meses más, en casos excepcionales y con requisitos, los nombramientos para programas temporales que superen los tres años iniciales, como los de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional octava de la Ley 20/2021, que regula medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. La duda es si esa disposición vulnera el artículo 9.3 de la Constitución, en relación con los artículos 23.2 y 103.

Modifica la Ley 5/1994 de prevención y extinción de incendios de Cataluña para incorporar al Cuerpo de Bomberos de la Generalitat personal de apoyo operativo. Crea la escala de apoyo con cuatro categorías: gestores de sala de coordinación, especialistas de operaciones de vuelo, auxiliares de prevención activa forestal y técnicos de gestión logística.

Declara asimilado a funcionarios al personal laboral de misiones diplomáticas y oficinas consulares españolas en países de la UE, del Espacio Económico Europeo, Suiza y el Reino Unido, contratado desde el 1 de mayo de 2010. La asimilación sirve solo para determinar qué legislación de seguridad social se aplica a este personal.

Modifica la Ley de Función Pública de Extremadura. Amplía hasta doce meses más la duración de los nombramientos de personal funcionario para programas temporales y cambia el apartado 2 del artículo 53 para cumplir un requerimiento de la Comisión Europea.

Establece medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de la Administración de Canarias y mejorar la gestión de los recursos humanos. Regula el acceso al empleo fijo, las listas de empleo temporal y la promoción interna temporal. Incluye también medidas de protección de la infancia en juegos de azar y apuestas.

Establece criterios generales para adaptar medios y tiempos y aplicar otros ajustes razonables en los procesos selectivos de acceso al empleo público para personas con discapacidad. Regula quiénes se benefician, cómo se piden las adaptaciones y cómo se conceden.

La ley establece medidas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y fomentar la corresponsabilidad en las Illes Balears. Regula actuaciones en el sector público, el sector privado y entre los trabajadores autónomos, e incluye planificación, seguimiento y medidas fiscales.

Aprueba la oferta de empleo público de 2025 para la Administración General del Estado, que fija cuántas plazas se convocan y con qué perfiles. Se enmarca en un plan de planificación de recursos humanos y de reducción de la temporalidad.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra dos disposiciones del Decreto-ley de Illes Balears 5/2023, que suprimió la exigencia de un nivel de catalán como requisito para acceder a puestos sanitarios del Servicio de Salud de las Illes Balears y derogó los preceptos de la Ley 4/2016 que se le opusieran.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la Ley 7/2024 de las Illes Balears, que regula medidas urgentes de simplificación administrativa. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Aprueba medidas urgentes sobre el personal de las Administraciones Públicas de Navarra para reducir la temporalidad. Modifica normas sobre excedencias voluntarias, provisión de puestos y concursos de traslado, y regula el régimen de excedencias y traslados en el Servicio Navarro de Salud.