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Fija el objetivo de ahorro energético para 2021 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de productos petrolíferos) su cuota de ahorro y su equivalente económico. También actualiza el coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética que se incluye en el precio voluntario para el pequeño consumidor.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores contra el Decreto-ley 6/2020 de la Junta de Castilla y León, que regulaba la participación de los entes locales en fondos autonómicos. La sentencia examina si existía la extraordinaria y urgente necesidad que justifica el uso del decreto-ley.

Crea una línea de ayudas directas para autónomos y empresas afectadas por la COVID-19, una línea para reestructurar deuda financiera con aval público y un fondo de recapitalización de empresas. También amplía plazos de préstamos avalados y modifica varias normas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 36/2020, que aprueba medidas urgentes para modernizar la Administración Pública y ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Crea un fondo extraordinario para ayuntamientos y otros entes locales y habilita al Consejo Catalán del Deporte para dar ayudas a instalaciones deportivas afectadas por la suspensión de apertura al público. También modifica el Decreto-ley 41/2020 sobre medidas sociales en centros educativos y actividades de ocio.

Establece un régimen excepcional para el Fondo Canario de Financiación Municipal de 2020 y modifica la Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. También deroga varias normas, entre ellas el artículo 80 de la Ley de Presupuestos de Canarias de 2019 y el Decreto ley 12/2020.

Establece medidas para modernizar la Administración Pública y gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza, instrumentos de gestión y normas para agilizar convenios, subvenciones y contratos vinculados a esos fondos.

Declara la liquidación y extinción del Fondo Estatal de Inversión Local, un fondo sin personalidad jurídica creado en 2008 para financiar obras municipales. El fondo ya no tiene ayudas pendientes de conceder, deudas ni derechos de crédito, y había cumplido su finalidad.

España aporta cinco millones de euros adicionales al Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, gestionado por la Oficina de los Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples del PNUD. La adenda también fija la fecha de finalización del Fondo el 30 de junio de 2030.

Deja sin efecto el Acuerdo de 2015 que imponía condiciones especiales a la Comunidad Autónoma de Cataluña para acceder al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y garantizar la prestación de servicios públicos. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprueba esta retirada y ordena su publicación en el BOE.

Crea la figura del consumidor electrointensivo: empresas cuya producción depende mucho de la electricidad. Regula cómo se certifican, qué obligaciones tienen y crea ayudas para compensar cargos eléctricos y cubrir riesgos de compra de energía a largo plazo.

La Intervención General de la Administración del Estado aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad de los fondos sin personalidad jurídica del artículo 2.2 de la Ley General Presupuestaria para los fondos que cubren riesgos por cuenta del Estado. La norma deroga la adaptación anterior y fija su entrada en vigor.

El Acuerdo regula la aportación de España al Fondo Conjunto para la Agenda 2030, un fondo de las Naciones Unidas que apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible. España aporta 10 millones de dólares y la Oficina de Fondos Fiduciarios de la ONU gestiona el dinero.

Fija el reparto definitivo entre las Comunidades Autónomas de régimen común de los 5.000 millones de euros del Tramo 4 del Fondo COVID-19. Este tramo se reparte según criterios ligados a la caída de ingresos por la bajada de la actividad económica.

Fija cuánto dinero del Tramo 2 del Fondo COVID-19 recibe cada Comunidad Autónoma y cada Ciudad Autónoma. El Tramo 2 reparte 3.000 millones de euros, sobre todo según el gasto sanitario. La orden concreta los importes definitivos de cada territorio.

Modifica dos impuestos en Cataluña: aplica la tarifa más baja del impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos para 2020, fija cómo calcular la base para motocicletas sin datos oficiales de emisión y crea una bonificación para vehículos clásicos. También permite aplazar o fraccionar el pago del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 6/2020 de la Junta de Castilla y León, que regula medidas urgentes de recuperación económica y social en el ámbito local. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.