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Regula la Estrategia Nacional sobre Adicciones y sus planes de acción, y modifica cuatro reales decretos para adaptar la composición de órganos colegiados del Plan Nacional sobre Drogas y la competencia ministerial sobre la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas.

Crea y regula el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, un fondo público sin personalidad jurídica que sustituye al anterior Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El fondo financia medidas de aguas, costas, cambio climático, contaminación, biodiversidad y meteorología dentro del Plan de Recuperación.

Establece el funcionamiento del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, creado por el Real Decreto-ley 5/2021. Fija los criterios de elegibilidad, las condiciones de las operaciones y las competencias de la gestora COFIDES y del Comité Técnico de Inversiones.

El Acuerdo regula la aportación de España al Fondo de las Naciones Unidas de Respuesta y Recuperación ante la COVID-19, gestionado por el PNUD como Agente Administrativo. Fija las condiciones del desembolso, la cuenta bancaria de destino y la tasa administrativa.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Código de Buenas Prácticas para renegociar la financiación avalada de empresas y autónomos. Ordena al ICO, CERSA y CESCE ampliar los vencimientos de avales y coberturas de crédito y fija cómo se adhieren las entidades financieras.

Establece los criterios y el procedimiento para repartir, aplicar y gestionar los fondos que financian planes de formación para empleados públicos de la Administración General del Estado. Fija un régimen de concurrencia competitiva abierto a entidades de formación acreditadas o inscritas.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2021 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de productos petrolíferos) su cuota de ahorro y su equivalente económico. También actualiza el coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética que se incluye en el precio voluntario para el pequeño consumidor.

Crea una línea de ayudas directas para autónomos y empresas afectadas por la COVID-19, una línea para reestructurar deuda financiera con aval público y un fondo de recapitalización de empresas. También amplía plazos de préstamos avalados y modifica varias normas.

Establece un régimen excepcional para el Fondo Canario de Financiación Municipal de 2020 y modifica la Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. También deroga varias normas, entre ellas el artículo 80 de la Ley de Presupuestos de Canarias de 2019 y el Decreto ley 12/2020.

Establece medidas para modernizar la Administración Pública y gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza, instrumentos de gestión y normas para agilizar convenios, subvenciones y contratos vinculados a esos fondos.

Declara la liquidación y extinción del Fondo Estatal de Inversión Local, un fondo sin personalidad jurídica creado en 2008 para financiar obras municipales. El fondo ya no tiene ayudas pendientes de conceder, deudas ni derechos de crédito, y había cumplido su finalidad.

España aporta cinco millones de euros adicionales al Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, gestionado por la Oficina de los Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples del PNUD. La adenda también fija la fecha de finalización del Fondo el 30 de junio de 2030.

Deja sin efecto el Acuerdo de 2015 que imponía condiciones especiales a la Comunidad Autónoma de Cataluña para acceder al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y garantizar la prestación de servicios públicos. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprueba esta retirada y ordena su publicación en el BOE.

Crea la figura del consumidor electrointensivo: empresas cuya producción depende mucho de la electricidad. Regula cómo se certifican, qué obligaciones tienen y crea ayudas para compensar cargos eléctricos y cubrir riesgos de compra de energía a largo plazo.

La Intervención General de la Administración del Estado aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad de los fondos sin personalidad jurídica del artículo 2.2 de la Ley General Presupuestaria para los fondos que cubren riesgos por cuenta del Estado. La norma deroga la adaptación anterior y fija su entrada en vigor.

Fija el reparto definitivo entre las Comunidades Autónomas de régimen común de los 5.000 millones de euros del Tramo 4 del Fondo COVID-19. Este tramo se reparte según criterios ligados a la caída de ingresos por la bajada de la actividad económica.

Fija cuánto dinero del Tramo 2 del Fondo COVID-19 recibe cada Comunidad Autónoma y cada Ciudad Autónoma. El Tramo 2 reparte 3.000 millones de euros, sobre todo según el gasto sanitario. La orden concreta los importes definitivos de cada territorio.