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Regula la atención y protección de los niños, niñas y adolescentes en Navarra y la promoción de sus familias, derechos e igualdad. Establece los derechos de los menores, la organización administrativa, las actuaciones de prevención, el sistema de protección ante riesgo y desamparo y las actuaciones en justicia juvenil.

Permite al Departamento de Educación y a los entes locales intercambiar datos para detectar alumnado con necesidades educativas específicas y distribuirlo de forma equilibrada entre centros. Regula qué datos se ceden, con qué finalidad y cómo se protegen.

Modifica los artículos 3 y 4 de la Ley Foral 5/2019, que regula el reconocimiento de las familias monoparentales en Navarra. Añade supuestos para familias de origen extranjero, como cuando un progenitor ha sido expulsado del país o ha desaparecido en el país de origen o durante la migración.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

Modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la protección de los hijos e hijas menores de edad que quedan huérfanos cuando su madre es asesinada por violencia de género. Incluye medidas sobre pensión, trámites sucesorios y asistencia jurídica.

Modifica el Código civil de Cataluña para regular la violencia vicaria en las relaciones entre padres e hijos. Cambia los artículos sobre guarda, estancias y relaciones personales cuando hay indicios de violencia machista o familiar. Incluye una disposición sobre expedientes en trámite y su entrada en vigor.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

Convoca por segunda vez ayudas directas para autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España, y amplía quiénes pueden solicitarlas. También modifica las bases de las ayudas a la contratación para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra dos apartados de la Ley 8/2021, que reforma la legislación civil y procesal para apoyar a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Modifica la ley gallega contra la violencia de género para incluir la violencia vicaria como una forma de violencia de género. Se entiende por violencia vicaria el homicidio, asesinato u otra violencia sobre los hijos o personas cercanas a la mujer para causarle daño psicológico. El reconocimiento como víctima tiene efectos retroactivos.

El acuerdo permite que los familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de España y Níger puedan trabajar por cuenta ajena o propia en el otro país. Para ello necesitan una autorización y cumplir las normas profesionales del país donde trabajan.

Fija los límites de renta y patrimonio familiar y los importes de las becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022. También regula las ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y modifica parcialmente el régimen de becas personalizadas.

Crea la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital, que se suma a esa ayuda estatal, y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social. Regula quién puede cobrar la prestación, su cuantía, duración, tramitación y reclamaciones, y ordena los programas de inclusión social en Aragón.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.