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Regula cómo los ayuntamientos piden al Estado que les compense por las cuotas de IBI y de IAE que dejan de cobrar en 2022. Estos beneficios fiscales se aplican a inmuebles y negocios dañados por los incendios forestales de junio, julio y agosto de 2022.

Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

Modifica el texto refundido de las leyes de tasas y precios públicos del Principado de Asturias. Cambia la regulación de las tasas y precios públicos que cobra la comunidad autónoma por sus servicios y actividades.

Modifica la ley de planes y fondos de pensiones para impulsar los planes de pensiones de empleo. Crea fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos y regula los planes de empleo simplificados para pequeños ahorradores y trabajadores autónomos.

Actualiza los criterios del Manual de beneficios fiscales del mecenazgo para calcular la deducción por gastos de propaganda y publicidad de acontecimientos de excepcional interés público. Sigue la doctrina del Tribunal Supremo sobre los envases que llevan el logotipo del acontecimiento.

Modifica la Ley de Tasas y Precios Públicos de Cantabria para aplicar una bonificación en la cuota de determinadas tasas. La bonificación se dirige a actividades afectadas por la subida de precios de la energía y dura hasta el 31 de diciembre de 2022.

Establece cómo se reparten 3 millones de euros entre municipios afectados por la presencia de bases militares de Estados Unidos en Rota y Arahal. Fija las cantidades para cada municipio y ordena un pago único antes del 31 de diciembre de 2022.

Regula cómo las entidades locales piden al Estado la compensación por la pérdida de recaudación del IBI rústico de 2022, tras la exención aprobada por el Real Decreto-ley 4/2022 para titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas con pérdidas por la sequía.

Amplía seis meses más la suspensión del pago de intereses y principal de préstamos y créditos concedidos a los afectados por las erupciones volcánicas de La Palma. La suspensión inicial era de seis meses desde la solicitud y ahora suma otros seis.

Establece medidas fiscales y de gestión para paliar los efectos de la erupción volcánica en La Palma. Incluye aplazamientos de impuestos, tipos reducidos en tributos canarios y la creación de órganos de coordinación para la reconstrucción.

Adapta al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula los bonos garantizados que emiten los bancos, la venta transfronteriza de fondos de inversión, la reutilización de datos del sector público, los derechos de autor en internet, ciertas exenciones de IVA, la protección de las personas consumidoras y el fomento de vehículos de transporte limpios.

Extiende la exención del gasoducto Medgaz, que conecta Argelia con España, respecto a las normas de acceso de terceros y de separación de actividades como empresa transportista. La exención se amplía hasta el 31 de marzo de 2031 y, si los contratos se prorrogan, durante toda la vigencia de esas prórrogas.

Extiende hasta el 31 de octubre de 2021 la exención del gasoducto Magreb-Europa, en su tramo por aguas territoriales españolas, del cumplimiento de ciertas obligaciones de acceso de terceros previstas en la Ley del sector de hidrocarburos. La exención se concede a solicitud de la empresa titular del derecho de uso de la sección marroquí.

Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) para la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir el COVID-19. También modifica dos decretos leyes anteriores sobre este mismo tipo cero.

Establece el marco para que España reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y avance hacia una economía descarbonizada. Fija objetivos, planificación (Planes Nacionales de Energía y Clima y Estrategia a 2050) y medidas en energía, movilidad, adaptación, transición justa, finanzas, educación e investigación.

Establece ayudas y medidas para reparar los daños causados por la borrasca Filomena en enero de 2021. Incluye compensaciones por daños personales, en viviendas, enseres, comercios, industrias, cultivos y ganado, además de beneficios fiscales y medidas laborales y de Seguridad Social.