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La ley regula la transparencia de la actividad pública en Euskadi. Establece obligaciones de publicidad activa, el derecho de acceso a la información pública y cauces de participación ciudadana. También crea la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena y un régimen sancionador.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Deroga la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears. La derogación incluye una disposición transitoria sobre los procedimientos en tramitación y una disposición final sobre su entrada en vigor.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

La ley regula la integridad pública en Castilla-La Mancha: fija reglas de incompatibilidades y conflictos de intereses para cargos públicos, crea una Oficina de integridad y registros de actividades y bienes, y establece un régimen de infracciones y sanciones.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

Esta ley deroga la Ley de Cantabria 8/2021, de Memoria Histórica y Democrática. Regula además qué ocurre con las exhumaciones en curso y con la custodia del material documental, y fija cuándo entra en vigor.

Modifica dos leyes de la Comunitat Valenciana: la de Transparencia y Buen Gobierno y la de Incompatibilidades de cargos públicos no electos. Cambia el régimen de incompatibilidades de los altos cargos y el de publicidad de sus declaraciones y agendas. También ajusta el plan de gobierno, los informes normativos y el anuncio de la consulta pública previa.

Modifica la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia. Sustituye el Consejo de la Transparencia por un Comisionado de Transparencia, órgano unipersonal e independiente, y crea una Comisión de Transparencia para resolver reclamaciones antes de acudir a los tribunales.

Crea el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears. Regula las declaraciones de patrimonio y de actividades de los cargos públicos y la organización del Registro. Dispone la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y la integración de registros existentes.

Deroga la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón. Además, modifica varias leyes aragonesas sobre archivos, patrimonio cultural, transparencia y financiación municipal.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

Aprueba el Plan Vasco de Estadística para el periodo 2023-2026, que fija las estadísticas y actividades estadísticas que realizará la Comunidad Autónoma de Euskadi en ese cuatrienio. También modifica la Ley 4/1986 de Estadística de Euskadi para adaptarla a las nuevas necesidades.

Regula los archivos y los documentos de la Comunidad de Madrid. Crea el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y fija sus órganos, la gestión documental, el acceso a los documentos y el patrimonio documental madrileño. También establece la inspección y las sanciones.

Regula el Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Establece el derecho de acceso a estos servicios, las prestaciones que incluye, cómo se organizan y quién es competente. También fija reglas sobre profesionales, registros, planificación, financiación e infracciones.

Regula el derecho de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana a participar en los asuntos públicos y fomenta el asociacionismo. Crea mecanismos como procesos participativos, iniciativa ciudadana, consultas y presupuestos participativos, y órganos como el Consejo de Participación Ciudadana y el portal de participación.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

La ley regula la gestión del agua de uso urbano en Extremadura: quién tiene competencias (Junta, municipios y entes supramunicipales), cómo se planifica y se da información al público, cómo se financian los servicios y qué infracciones y sanciones existen.