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Modifica las normas de Canarias sobre las prestaciones económicas de atención a la dependencia. Regula la prestación de asistencia personal y el régimen de compatibilidades e incompatibilidades entre prestaciones, adaptándolo al nuevo Grado III+ de dependencia extrema.

Modifica la Ley de Cantabria 1/2023 sobre reconocimiento y dignidad a las víctimas del terrorismo. Amplía quién puede cobrar las indemnizaciones, incluyendo a herederos de personas fallecidas antes del 15 de abril de 2023, y fija en dieciocho meses el plazo para presentar solicitudes.

Sube un 6 % los importes de las plazas en conciertos sociales y convenios con ayuntamientos de la Región de Murcia. Afecta a centros de día, atención residencial y promoción de la autonomía personal de personas mayores y personas con discapacidad, y al servicio de atención temprana. El aumento se aplica desde el 1 de enero de 2025.

Fija las cuantías de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y de los complementos de las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad en Aragón. Se actualizan conforme al IPC y al incremento de las pensiones no contributivas estatales.

Regula el derecho de las personas con discapacidad usuarias de perro de asistencia a acceder a espacios públicos, transportes, lugares de trabajo y espacios privados de uso colectivo en la Comunitat Valenciana. Establece cómo se reconoce, identifica, suspende y pierde la condición de perro de asistencia, y fija un régimen de infracciones y sanciones.

Regula las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social en Andalucía y crea cauces de diálogo y colaboración con las administraciones públicas. Establece medidas de promoción, una Estrategia de Promoción y un Observatorio Andaluz del Tercer Sector.

Modifica la ley cántabra de reconocimiento a las víctimas del terrorismo para ampliar y precisar las ayudas autonómicas complementarias a las estatales. Fija un porcentaje del 30 por 100 para daños personales y ayudas extraordinarias, reduce el requisito de empadronamiento y prevé efectos retroactivos y un plazo extraordinario de solicitud.

Modifica la Ley 12/2018 de servicios sociales de las Illes Balears para regular el copago de los usuarios en la atención a la dependencia. El copago se configura como prestación patrimonial pública no tributaria (tarifa), adaptando la norma a dos sentencias del Tribunal Supremo.

La ley regula el reconocimiento de las víctimas de la violencia y del terrorismo en Extremadura y las actuaciones para localizar, exhumar e identificar restos humanos. También crea la Comisión Técnica de la Concordia y regula el acceso a archivos y la divulgación.

Modifica la Ley 5/2018 de la Comunidad de Madrid para ampliar las ayudas a las víctimas del terrorismo. Incluye indemnizaciones por daños personales y ayudas extraordinarias, complementarias de las estatales, y fija la cuantía en el 30 % de lo concedido por el Estado.

Fija las cuantías para 2025 de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y del complemento de las pensiones no contributivas en Aragón. También regula la concesión directa de subvenciones para proyectos y actuaciones de carácter social.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas, impuestos cedidos y tributos propios, y cambia normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente y organización administrativa. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley establece beneficios fiscales en Extremadura para facilitar el acceso a la vivienda, apoyar a jóvenes, colectivos vulnerables y afectados por ELA, y prorroga medidas tributarias vigentes hasta 2024. También adapta la normativa fiscal a la prórroga presupuestaria de 2025.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para cambiar la terminología con la que se refieren a las personas con discapacidad y eliminar términos peyorativos. Los cambios afectan a normas de gobernanza, hacienda pública, consumo, ámbito social y sanitario, espectáculos públicos, deporte y cultura.

La ley regula la accesibilidad universal en la Comunitat Valenciana. Establece medidas contra la discriminación, competencias de las administraciones y requisitos de accesibilidad en comunicaciones, espacios públicos, transporte, empleo, justicia y emergencias. También crea planes de accesibilidad y un régimen sancionador.

Modifica el Decreto 74/2011, que regula cómo se reconoce la situación de dependencia y el derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Región de Murcia. También cambia el régimen de infracciones y sanciones.

La ley regula la actuación de la Generalitat Valenciana para reconocer a las víctimas de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo, y para promover la convivencia. Crea la Unidad Valenciana de la Concordia y regula los lugares y documentos de la concordia y un catálogo de vestigios.