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Modifica la Ley 4/2017 de derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía. Cambia las reglas sobre instalaciones con máquinas expendedoras o suministradoras automáticas de bienes que puedan afectar a la seguridad, como combustibles. También modifica el Decreto 537/2004 sobre derechos de los consumidores.

Actualiza y modifica parcialmente varias cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en las familias de Informática y Comunicaciones, Seguridad y Medio Ambiente, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos. También fija la correspondencia entre unidades de competencia suprimidas y sus equivalentes actuales.

Modifica el Real Decreto 1051/2013, que regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Cambia requisitos y condiciones de acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, y ajusta cuantías e intensidades de servicios y prestaciones.

Regula la concesión directa de una subvención al Comité Olímpico Español para promover la práctica del deporte en los centros de la red pública de migraciones y favorecer la integración de sus residentes en la sociedad española.

Obliga a las comercializadoras de referencia a enviar cada año al Gobierno Vasco una lista de sus clientes que reciben el bono social eléctrico, para poder calcular y pagar el bono social térmico. La lista debe incluir datos personales, domicilio, grado de vulnerabilidad y cuenta bancaria.

La ley regula los derechos de los niños y adolescentes en la Comunidad de Madrid y establece un sistema de protección integral frente a la violencia. También organiza las competencias de la administración autonómica, el sistema de protección de menores y un régimen sancionador.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la disposición adicional segunda de la Ley madrileña 1/2023, que crea la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de ese precepto queda suspendida.

Modifica la Ley del juego y las apuestas de las Illes Balears y el Reglamento de casinos. También cambia otras normas sobre prestaciones sociales, presupuestos, proyectos industriales, educación y reconocimiento de discapacidad y dependencia.

La ley establece objetivos de bienestar para las generaciones presentes y futuras en las Illes Balears y crea una comisión que evalúa el impacto de las políticas públicas y de las normas sobre ese bienestar. También obliga a elaborar informes de evaluación de impacto, incluido uno anual y otro sobre los presupuestos.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley Orgánica 2/2010, que regula la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo. La sentencia avala el sistema de plazos y las garantías de acceso, y considera que la vida prenatal es un bien protegido, pero no absoluto.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears. Incluye la renta social garantizada, un complemento a las pensiones no contributivas y una renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de protección de menores. También prevé prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

Regula las sociedades cooperativas en las Illes Balears: su constitución, las personas socias, los órganos de gobierno, el régimen económico, las clases de cooperativas y el Registro de Cooperativas. También establece el fomento del cooperativismo y las funciones de inspección y sanción de la Administración.

Crea la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, que sustituye a la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. La nueva agencia presta apoyo jurídico, social y económico a personas adultas con discapacidad para que puedan tomar sus propias decisiones.