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Crea y regula la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que controla el cumplimiento de los requisitos de la ayuda para morir y resuelve reclamaciones. También crea el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para la prestación de ayuda para morir.

Establece que el Departamento de Justicia debe facilitar al Departamento de Salud los datos identificativos y de contacto del personal que trabaja o colabora en centros penitenciarios y centros educativos de justicia juvenil. El fin es gestionar y hacer seguimiento de las pruebas diagnósticas de la COVID-19 en estas personas.

Establece la obligación de informar y comunicar datos para ejecutar la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en Cataluña. También modifica el artículo 2 del Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril, sobre medidas presupuestarias en relación con el sistema sanitario.

Modifica dos decretos-ley anteriores para ampliar medidas sociales y sanitarias frente a la COVID-19 en los servicios sociales. Incluye más servicios y modalidades de financiación pública, como las plazas con prestación económica vinculada, y aclara hasta cuándo se aplica el abono previsto.

Crea el Programa de atención dental de Cataluña para incluir la salud bucodental en la atención pública, con servicios gratuitos para determinados grupos. Regula también la recogida de información, el seguimiento de la práctica odontológica y una Oficina de Salud Bucodental.

Establece medidas presupuestarias para aplicar el plan de contingencia en residencias y centros de día de personas mayores y personas con discapacidad, con el fin de prevenir brotes de COVID-19. También mantiene vigentes normas sobre infancia y adolescencia y modifica un decreto-ley anterior en materia social.

Establece medidas para asegurar que las personas usuarias de servicios sociales vuelvan a recibir las prestaciones reconocidas cuando la situación sanitaria lo permita, regula al personal residente sanitario y fija reglas excepcionales para las cooperativas catalanas durante la pandemia.

Adopta medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 en Cataluña. Incluye cambios tributarios, ayudas a la infancia y adolescencia, medidas sobre patrimonio y sobre personal. Se estructura en cuatro capítulos y once artículos.

Adopta medidas para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 en Cataluña. Amplía créditos al Fondo de Contingencia para gastos derivados de la COVID-19 y ajusta el sistema de pago de la atención sanitaria pública. También incluye medidas tributarias y cambios en la estructura de la Administración de la Generalidad.

Establece medidas organizativas en la Administración de la Generalidad de Cataluña, con cambios de competencias hacia el Departamento de Salud. También amplía el plazo para depositar fianzas de alquiler y regula inmuebles del Instituto Catalán del Suelo y la gestión de residuos.

Modifica las medidas de compensación económica a centros sanitarios por la COVID-19, aplaza el cobro del impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos de 2019 y 2020 y crea una prestación extraordinaria para suministros básicos.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Establece medidas urgentes de la Generalitat de Cataluña en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal, de contratación y económica para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus. Regula actuaciones en esas seis áreas mediante un solo decreto-ley.