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Establece medidas sanitarias, sociales y judiciales que se aplican cuando termina el estado de alarma por la COVID-19 el 9 de mayo de 2021. Incluye control sanitario de viajeros internacionales, protección de consumidores vulnerables de agua y energía, apoyo a víctimas de violencia de género y medidas sobre cooperativas y profesionales sanitarios jubilados.

Regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para recualificar el sistema universitario español. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. La norma fija el procedimiento, las beneficiarias, los plazos, las cuantías y la justificación.

Permite a las Delegaciones de Economía y Hacienda conceder aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas públicas no tributarias, como el reembolso de préstamos de la Administración General del Estado. También modifica el Real Decreto-ley 5/2021 sobre apoyo a la solvencia empresarial.

Establece medidas laborales complementarias para paliar los efectos del COVID-19. Regula el mantenimiento del empleo en centros sanitarios y sociales, medidas extraordinarias de protección del empleo y el cómputo de contratos temporales. También fija reglas sobre los ERTE y las prestaciones por desempleo.

Regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestan servicios esenciales. Durante el permiso se reduce la movilidad de la población para frenar el COVID-19. Las horas no trabajadas se recuperan después.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

El Decreto-ley aprueba medidas urgentes para 2021 en Baleares: suprime el ingreso a cuenta del impuesto sobre estancias turísticas, permite renunciar al régimen de estimación objetiva y reduce el tipo del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para ciertas operaciones de financiación. También modifica normas sobre renta social garantizada, servicios sociales, cambio climático, farmacia y espacios naturales.

Declara servicio esencial la asistencia y protección a las víctimas de violencia de género durante el estado de alarma por COVID-19. Garantiza el funcionamiento de los servicios de información, acogida y seguimiento telemático, y regula el uso de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Crea una línea de ayudas directas para autónomos y empresas afectadas por la COVID-19, una línea para reestructurar deuda financiera con aval público y un fondo de recapitalización de empresas. También amplía plazos de préstamos avalados y modifica varias normas.

Modifica varias leyes de La Rioja para adaptar impuestos y normas administrativas al año 2021. Incluye cambios en tributos cedidos y propios, educación, menores, servicios sociales, urbanismo y función pública, entre otros.

Modifica el Decreto-ley 11/2020, que creó un régimen sancionador específico para los incumplimientos de las normas dictadas frente a la COVID-19 en las Illes Balears. La norma adapta ese régimen a la nueva situación sanitaria y al nuevo estado de alarma.

Establece los requisitos de información al consumidor y de comercialización de las mascarillas higiénicas, que no son productos sanitarios ni equipos de protección individual. Regula las definiciones, las obligaciones de etiquetado, los ensayos de laboratorio y la vigilancia del mercado.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Modifica el régimen sancionador de las Illes Balears para la COVID-19 y regula los contratos de patrocinio institucional. Aclara que también son infracción la comercialización, organización y publicidad de reuniones o fiestas que puedan causar aglomeraciones.

Introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable y prevé una protección reforzada para ella en las relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece medidas para modernizar la Administración Pública y gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza, instrumentos de gestión y normas para agilizar convenios, subvenciones y contratos vinculados a esos fondos.