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Aprueba medidas extraordinarias en Navarra para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus una vez superada la fase 3 del plan de transición a la nueva normalidad. Incluye condiciones laborales del profesorado y un plan de cribado en centros escolares y universitarios.

Publica el acuerdo del Consejo de Ministros que fija los criterios de reparto entre las comunidades autónomas y la distribución resultante de 40 millones de euros para el programa educativo #PROA+ del curso 2020-21, creado por la pandemia de COVID-19.

Fija para el curso 2020-2021 los límites de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio. También regula las ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y modifica parcialmente el régimen de becas personalizadas.

Establece medidas urgentes en educación en las Illes Balears para afrontar los efectos de la emergencia sanitaria del COVID-19. Regula la adscripción y admisión del alumnado, su tramitación telemática y la relación electrónica del personal docente no universitario con la Consejería de Educación.

Publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación que establece un marco de referencia común sobre la competencia digital del profesorado. Las administraciones educativas lo usarán para diseñar sus políticas de formación docente y reconocerán como equivalentes las certificaciones basadas en él.

Publica los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación para el inicio y desarrollo del curso 2020-2021 en la enseñanza no universitaria. Estos acuerdos buscan retomar la actividad lectiva presencial con garantías frente a la COVID-19.

Amplía el plazo para que las Comunidades Autónomas ejecuten las actuaciones de los programas de cooperación territorial de orientación y refuerzo educativo financiados en 2018 y 2019. La ampliación equivale al tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas, más dos meses, con límite del 31 de diciembre de 2021 para el acuerdo de 2019.

Establece medidas urgentes en educación en Extremadura para hacer frente a los efectos del COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos administrativos educativos, el proceso de admisión de alumnado, los conciertos educativos y las subvenciones a escuelas infantiles.

Amplía dos meses el plazo para ejecutar los fondos de cuatro programas de Formación Profesional destinados a las comunidades autónomas, una vez termine el estado de alarma por el COVID-19. Añade tres meses más para justificar el uso de esos fondos.

Establece el marco y las directrices para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, tras suspenderse la actividad educativa presencial por el COVID-19. Fija directrices generales y específicas por etapas, y el papel de la Conferencia Sectorial de Educación.

Modifica la orden que regula la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad en el curso 2019-2020. Adapta el contenido de las pruebas y las fechas de realización y de revisión de calificaciones por la suspensión de la actividad educativa presencial durante el estado de alarma por el COVID-19.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.

Fija las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para acceder a la Universidad en el curso 2019-2020. También establece las fechas máximas para realizar las pruebas y para resolver las revisiones de calificaciones.